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Fiscal jefe de la provincia de Pontevedra

Juan Carlos Aladro: "Imponer una reforma para agilizar la Justicia sin invertir un solo euro es algo increíble"

"El número de causas a revisar en la provincia de cara al 6 de junio son unas 16.000 y llevamos entre un 60 y 70%; trabajamos 'arreo' pero habrá casos que se nos escaparán"

Juan Carlos Aladro, en la Fiscalía Provincial de Pontevedra. // R.V.

Juan Carlos Aladro usa una explícita expresión gallega para describir el ritmo al que se encuentran los 28 fiscales de Vigo y los 28 del resto de la provincia para revisar las causas penales a los que los obliga la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -en materia de los nuevos plazos de las instrucciones- de cara a la fecha límite del 6 de junio. "Trabajamos arreo; en las últimas semanas se ha duplicado la intensidad", afirma el fiscal jefe de la provincia de Pontevedra. Pero también es contundente al señalar que no dará tiempo a ver todos los casos. Aladro se muestra así crítico con una modificación legal que pretende agilizar la Justicia "sin invertir un solo euro" y que, advierte, puede tener un alto y peligroso coste: "perder calidad en la instrucción y en el funcionamiento judicial".

- La reforma legal que impone plazos en las instrucciones ha sumido a los fiscales en un proceso de revisión de miles de asuntos, ¿cómo afrontan la labor?

- Los fiscales somos celosos cumplidores de la ley. Nos regimos por un principio de legalidad estricta y si una norma jurídica dice que hay que revisar las causas antes del 6 de junio, lo hacemos. Ahora sí, dentro de nuestras posibilidades. De cara a esa fecha el número de procedimientos a revisar en toda la provincia es de 16.000. Por ahora se han visto entre un 60 y un 70%.

- El Consejo Fiscal fue contundente al concluir que es "imposible" cumplir el plazo y que no dará tiempo a analizar todas las causas, ¿coincide con esa valoración a escasas dos semanas de la fecha límite?

- Sí, estoy seguro de que no dará tiempo a cumplirlo. Habrá causas que se escaparán. El ministro [de Justicia] maneja una información errónea. No falsa, sino errónea, es importante matizarlo. Y ese es un problema fundamental. Las aplicaciones informáticas de Justicia no son buenas, es un hecho. Y además no se relacionan entre sí. La interoperatividad entre Minerva [sistema de gestión procesal de los juzgados] y Fortuny [de la Fiscalía] sólo existe en el momento inicial. Y no siempre. Hay discrepancia en las cifras y el ministro es incapaz de colocar delante de la opinión pública la realidad de estos números.

- ¿Cuáles serán las consecuencias de que, el 6 de junio, queden procedimientos pendientes de control?

- El artículo 324 [de la Ley de Enjuiciamiento Criminal] nos dice que si no revisamos las causas, no solicitamos su complejidad, no solicitamos plazo máximo... nos veremos impedidos para pedir nuevas diligencias. Es el único hándicap, porque el artículo indica que no se archivarán causas por el mero hecho de incumplirse los plazos, pero es un problema grave. Y después está el riesgo inherente del plazo ordinario de seis meses para las instrucciones, que es exiguo. Ya no hablo de una petición de antecedentes penales, que es automática, pero una prueba de ADN, de huellas, de armas... tarda mucho tiempo. Y luego están las pruebas que vienen derivadas de otras, porque a veces una investigación te envía a un lugar distinto del inicialmente prefijado.

- El límite ordinario de seis meses entonces es insuficiente...

-Notoriamente insuficiente. Claro está que gran parte de los delitos no corren el riesgo de que se supere ese plazo: delitos leves, delitos bagatela o los que son objeto de procesos urgentes. Pero en otros delitos, los procedimientos abreviados primordialmente y los sumarios por supuesto, la fase instructora se dilata más. Cierto que por razones ajenas al propio procedimiento judicial, pero si pides pruebas y debes esperar por ellas, si dependes de contestaciones internacionales, y ahí están las comisiones rogatorias... Pues eso nos obligará a instar prórrogas casi desde el inicio de las investigaciones. Hay causas que son complejas desde que nacen.

- Jueces y abogados ya han advertido de que esta aceleración de las investigaciones puede dar lugar a "instrucciones pobres".

- Naturalmente. Si la causa queda fuera del plazo o te ves cerca del final de ese límite puede ocurrir que las investigaciones se cierren sin el bagaje probatorio necesario.

- ¿Ve riesgo de sentencias absolutorias porque no de tiempo a practicar diligencias?

- Puede ocurrir, evidentemente. Si un fiscal no es capaz de convencer al juez con la propuesta acusatoria recabada, dará lugar a una absolución. Eso supondría una reducción clara de nuestra eficacia. Por eso estamos muy preocupados. Los fiscales tenemos unos altos índices de eficacia, nuestra cuenta de resultados es muy buena, ya la quisiera cualquier empresa. La idea de acelerar el sistema no es mala. Pero claro. ¿A qué precio? Si el precio es perder calidad en la instrucción y en el funcionamiento no tiene sentido.

- ¿Caben entonces plazos en las instrucciones o una reforma para ganar agilidad debe ir por otro lado?

- La única reforma justificable con estos plazos es que el que maneja la instrucción sea el que tenga que responder del plazo. Es la única opción. Y lo que hay que hacer es algo que en absoluto está ahora en la cabeza del ministro: lo que ya se efectuó en Europa, que es darle la instrucción a un órgano diferente del que la tiene ahora.

- ¿Al fiscal?

- Naturalmente. Es la única opción y lo único que justifica este artículo 324, que nos coloca al frente de un coche que a día de hoy no guiamos y además debemos decirle a su conductor [al magistrado] que tiene la opción de ir hacia un lado o hacia otro [la prórroga de una causa penal la decide en última instancia el juez pero siempre previa petición del fiscal].

- ¿ Qué beneficios habría si la instrucción, ahora en manos de los jueces, pasara a los fiscales?

- De primeras ya no estaríamos dos [juez y fiscal] haciendo lo mismo. Uno [el fiscal] ejercería el principio acusatorio hasta sus últimas consecuencias y sería responsable de la toda función instructora y el otro [juez] se dedicaría en exclusiva a valorar las vulneraciones posibles en garantías y derechos fundamentales.

- Otra de las críticas a esta reforma es que llega sin medios...

- La ley viene sin memoria económica de implantación. Imponer una aceleración en Justicia sin un solo euro en el presupuesto público que lo refuerce es algo increíble. Lo único que se hizo fue colocar 80 fiscales sustitutos en distintos puntos del país. Por cierto, ninguno en Vigo, Pontevedra o Cambados. La revisión de causas supone una carga añadida de trabajo en unas plantillas ya sobrecargadas y exiguas. El equilibrio perfecto sería que hubiese un fiscal por cada órgano judicial.

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