La forma en la que se implantaron en Galicia las administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) provocó que estos no cuenten con apenas terrenos públicos. Es por ello que, en el momento en el que fue necesario ceder solares para la construcción de equipamientos públicos (e incluso privados en régimen de concesión) los Concellos, en muchas ocasiones, simplemente ocupaban terrenos de propiedad vecinal, montes comunales, para la ejecución de estas infraestructuras. Fueron acuerdos tomados, muchas veces, por las corporaciones locales en pleno franquismo, de manera fraudulenta, tal y como ahora están reconociendo los tribunales.
Así ha ocurrido con los terrenos que ocupa el aeropuerto de Vigo (Aena se vio obligada a pagar 7,5 millones de euros por estos terrenos), A Madroa o los terrenos de la base de la Brilat. El último caso ha sido el de Montecelo, aunque todavía no hay sentencia firme, un juzgado de primera instancia ya ha devuelto el terreno que ocupa el hospital de Pontevedra a los comuneros de Mourente.
Se cuentan por docenas, todavía los casos en toda Galicia de infraestructuras y edificios públicos y privados que se levantan sobre suelo comunal en los que la propiedad de los terrenos todavía no ha sido devuelta a sus legítimos propietarios. La zona sur, concretamente la provincia de Pontevedra, está llena de ejemplos, según explica Calixto Escariz, abogado por cuyas manos han pasado la práctica totalidad de las reclamaciones realizadas por las comunidades de montes sobre terrenos de su propiedad que fueron usurpados en su día. "Buena parte del área de Vigo ha crecido sobre monte comunal", explica Escariz, quien recuerda que en Pontevedra también hay múltiples instalaciones que pudieran ser objeto de posibles reclamaciones de titularidad si las comunidades de montes así lo desean. En el mismo caso que Montecelo y la Brilat se encuentran, por ejemplo, la ciudad infantil de Príncipe Felipe (un enorme complejo que incluye centros educativos y de acogida de menores), o el cuartel del Grupo de Respuesta y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil en Castro Senín, Mourente. Esta comunidad de montes, la misma que ya reclamó los terrenos de Montecelo y ganó, al menos en primera instancia, no ha iniciado por el momento ningún tipo de reclamación por ellos por ahora, pero podría hacerlo en el futuro.
También el campo de tiro de Cernadiñas Novas en Xeve o, ya fuera de Pontevedra, las canteras de Porriño, o incluso una carretera nacional como la N-120 en Paraños, ocuparían terrenos arrabatados a los vecinos. También el terreno que ocupa algún colegio en Cabral pudiera ser motivo de litigio como ya ocurrió con el Ifevi, la ITV y otras instalaciones.
El problema, por lo tanto, está lejos de solventarse con los últimos casos resueltos por los juzgados. Son decenas los que todavía quedan en el tintero y por este motivo se empiezan a escuchar voces desde las comunidades de montes pidiendo a las administraciones que se elabore "un protocolo que reconozca la titularidad de los comuneros sobre estas tierras al tiempo que favorezca el uso actual como equipamientos públicos" de las instalaciones construidos sobre ellos, tal y como manifestaba el presidente de la comunidad de Montes de Mourente, Carlos Morgade, tras conocerse la sentencia de Montecelo.
Y es que las sentencias existentes, tal y como recuerda el abogado Calixto Escariz, han permitido establecer una jurisprudencia clara al respecto. Especialmente reseñable fue el caso de la Brilat, que llegó hasta el Tribunal Supremo y que permitió consolidar la doctrina de que el monte vecinal en mano común es imprescriptible. A partir de ahí, parece que los jueces están teniendo pocas dudas a la hora de aplicar estos criterios y devolver la titularidad de estas tierras a las comunidades de montes. Así ocurrió en el último pleito en el que se litigó sobre Montecelo en el que la magistrada del caso incluso impuso las costas a la administración.
Dispuestos a acuerdos
Calixto Escariz concuerda con los comuneros al señalar que "sabiendo que legalmente la titularidad de estos terrenos no tiene mucha discusión sería necesario plantearse por qué la administración sigue a pleitear". Explica que en la mayoría de los casos las comunidades de montes están dispuestas a afrontar cesiones gratuitas o en condiciones "realmente blandas" a cambio del reconocimiento de la titularidad sobre los terrenos. Sin embargo, cuando estas reclamaciones llegan al ámbito judicial, lo que debería ser una negociación se convierte en una confrontación y así es percibida por los vecinos. "Resolver estos conflictos en los tribunales favorece el enfrentamiento y la polarización de posturas entre las partes", explica Escariz, "no se le puede negar la propiedad de unos terrenos a los vecinos, pleitear con ellos, hacerles perder el dinero y luego, al final de todo, pedirles una cesión gratuita del monte", reflexiona.
Para Morgade, acudir ante la Justicia para resolver estos casos es "absurdo y costoso" y por eso pide a instituciones como la Xunta o el Parlamento Gallego que "elaboren normativas que favorezcan este tipo de acuerdos".
