El diputado provincial de Economía e Facenda, Carlos López Font, anunció hoy que la Diputación de Pontevedra perderá 10 millones de euros en fondos europeos por dos proyectos con desarrollados durante la anterior etapa de gobierno del PP, con Rafael Louzán al frente, y en los que el Ministerio de Hacienda y la propia Unión Europea han detectado "graves irregularidades" durante la tramitación del procedimiento, así como en su gestión.

De esta forma el Ministerio de Hacienda niega a la Diputación el reembolso de 6,5 millones de euros que tenía aprobados dentro del programa depoGAP, vinculado a la implantación de las nuevas tecnologías en la administración; y obliga a la institución a devolver algo más de tres millones del programa Depotrans, que permitió instalar una serie de depuradoras en la cuenca del Miño. Se trata de dos proyectos ya finalizados -y los gastos realizados- por lo que Font advierte de las "graves consecuencias" que este hecho tendrá para las finanzas de la institución provincial ya que supone un 6% del presupuesto de gasto del ente provincial.La auditoría revela irregularidades en estos proyectos en materia de contratación, gastos no subvencionables, así como otros de difícil justificación, entre otros. De hecho, en el proyecto Depotrans, Hacienda señala que solo un 11% del mismo (costaba 4,8 millones de euros) está justificado de forma adecuada. En el caso de depoGAP, se indica, por ejemplo, que se firmaron contratos para la ejecución de actuaciones dentro de este plan el 9 de marzo de 2015 con un plazo de ejecución a seis meses cuando el proyecto europeo tenía que estar completamente finalizado el 16 de marzo de 2015.

López Font pidió responsabilidades al anterior gobierno del PP y especialmente a Rafael Louzán, de quien considera "indigno" que siga cobrando un sueldo como asesor en el ente provincial tras el grave perjuicio económico causado a la institución con la "mala gestión" de estos proyectos. Además, le reprocha que "haya engañado a los ciudadanos" dado que asegura que los organismos estatales y europeos ya les habían alertado de estas irregularidades y no comunicaron esta situación ni a los partidos entonces en la oposición ni a la opinión pública.

También muestran su "preocupación" por el hecho de que estos son los dos primeros proyectos europeos que se auditan ejecutados durante la anterior etapa del PP en el Gobierno, por lo que temen que pudieran recibir nuevos varapalos económicos como este en el futuro.