El Ministerio de Medio Ambiente confirmó ayer que está tramitando "la incoación del expediente de caducidad" de la concesión a Elnosa en la ría de Pontevedra "en cumplimiento" de la sentencia del Supremo que así lo ordena. Cabe recordar que, el pasado mes de noviembre, el Alto Tribunal desestimaba un recurso interpuesto por la empresa contra la sentencia de la Audiencia Nacional que obligaba al Estado a iniciar este expediente de revisión de la concesión y a "adoptar todas las medidas legales para la paralización de las actividades y suspensión del uso y explotación de las instalaciones sin concesión administrativa", confirmando dicho fallo judicial.

Esta sentencia era consecuencia del proceso judicial emprendido en su día por el colectivo Salvemos Pontevedra, colectivo que ya obligó utilizando los tribunales a abrir procedimientos similares con respecto a las concesiones de Hormigones Holcim, la EDAR de Placeres, el emisario submarino y el Grupo Ence. Por lo tanto, ni la sentencia del Supremo ni ahora la apertura del expediente de caducidad son hechos inesperados para los directivos de la empresa, como tampoco para su plantilla. De hecho, los trabajadores recordaron recientemente que Ence superó el mismo proceso de forma satisfactoria (tan solo se les obligó a derribar el campo de fútbol y a legalizar el edificio del comedor) apenas meses antes de lograr una prórroga de la concesión por espacio de 60 años.

No obstante, la apertura de este expediente supone un contratiempo, aunque esperado, para las aspiraciones de Elnosa de quedarse en la ría de Pontevedra principalmente por el hecho de que mantendría paralizado unos meses una eventual petición de prórroga de la concesión, que expira en 2018. El reglamento de la Ley de Costas establece que no podrá tramitarse una solicitud de prórroga de la concesión mientras esté sin resolver un expediente de caducidad, lo que evitará que Elnosa pueda tramitar una posible prórroga al menos hasta que Costas haya decidido sobre esta cuestión.

Y tiempo no es precisamente lo que le sobra a Elnosa. Los trabajadores recordaban este mismo miércoles que a la finalización de la concesión de los terrenos públicos que ocupan en 2018 hay que sumar la normativa europea que obliga a esta empresa (y a todas las cloreras) a sustituir la tecnología de electrolísis con celdas de mercurio para obtener el cloro por la de membrana. La fecha tope para llevar a cabo este cambio es diciembre de 2017, a no ser que la Unión Europea establezca una moratoria para estas empresas como reclama el sindicato Comisiones Obreras, alegando que ninguna de las cloreras que operan con esta tecnología llegará a esta fecha con el cambio ya realizado.

El Comité de Empresa también indicaba el pasado miércoles que la dirección de la empresa, propieda del Grupo CUF, les indicó que los abogados están preparando la presentación de la prórroga de la concesión. Desde el Ministerio de Medio Ambiente confirmaron ayer que eta petición todavía no se ha formulado.