El Grupo Ence se posicionó por primera vez en torno a la Proposición No de Ley aprobada en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso (en la que se insta al ejecutivo a revocar la prórroga de su concesión) para destacar que se trata, según el ordenamiento jurídico español, de "una proclamación política, sin efectos jurídicos ni vinculantes para el Gobierno". Lo hace en el balance de actividad del primer trimestre del año que remitió ayer a la CNMV y en el que también señala que "la actual situación parlamentaria por la que atraviesa España está provocando una desmedida politización de la concesión de la fábrica de Ence en Pontevedra, que algunos grupos políticos han convertido, sin que existan razones legales ni medioambientales, en arma política contra el Gobierno en funciones. Tras insistir en que la renovación de la concesión en Lourizán "ha segurido rigurosamente todos los trámites que marca la Ley", Ence confía "plenamente en que los enfrentamientos políticos en torno a su fábrica de Pontevedra no tendrán consecuencias sobre la concesión que ha sido otorgada de acuerdo a derecho, y piensa que cuando el Parlamento elija al nuevo Gobierno de España este debate se irá racionalizando". El grupo cerró el primer trimestre con un beneficio de 13,9 millones, un 43,9% más que el año pasado.
