La Comisión Provincial de Vivenda iniciará a lo largo de la última semana de este mes de abril el procedimiento para la adjudicación de 19 viviendas de promoción pública en ocho concellos de la provincia de Pontevedra. Se trata de viviendas usadas que fueron recuperadas por la Xunta tras la renuncia de los anteriores adjudicatarios.
Conforme a lo que establece la normativa vigente en materia de vivienda de promoción pública, estos domicilios serán adjudicados a través del sorteo entre los solicitantes inscritos en el Rexistro de Demandantes de Vivenda de Galicia en la fecha en que la Comisión determine el inicio del procedimiento de adjudicación, que será en la última semana del mes de abril.
Por lo tanto, todos los interesados en la adjudicación de dichas viviendas deben solicitar con la mayor brevedad posible su inscripción en dicho Rexistro, salvo que ya estuvieran efectivamente anotados en el mismo.
Los interesados en inscribirse en el Rexistro deberán dirigirse al área provincial do IGVS en Pontevedra (en calle Alcalde Hevia, número 7 de la ciudad del Lérez o en el teléfono de Información: 986 805 314 o 986 805 632) o consultar la información disponible en la página web del Instituto Galego da Vivenda e Solo (http://igvs.es/web/actuamos/137)
Las viviendas vacantes que se adjudicarán a través del Rexistro de Demandantes están ubicadas en los ayuntamientos de Cotobade (1), Pontevedra (2), Ribadumia (1), Poio (1), o Porriño (1), Vilagarcía (1), Vila de Cruces (12). Según los últimos datos disponibles en la página del IGVS, actualmente, el Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida tiene un total de 5.709 inscritos en la provincia, de los que la mayoría son demandantes de vivienda de protección oficial de protección pública. De estos, 401 optan a la compra de una residencia, otros 3.638 solicitan una vivienda protegida en régimen de alquiler y otros 776 procuran un arrendamiento pero con opción de compra. Solo en la ciudad de Pontevedra este registro cuenta con 804 inscritos, la mayoría también en busca de una vivienda de protección pública. De todos ellos, un total de 51 estarían dispuestos a estudiar la adquisición, 563 buscan un alquiler y 151 un alquiler con posibilidad de compra.
