El convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha permitido que Policía Nacional y Guardia Civil inspeccionasen el pasado año un total de 221 puestos de trabajo en la provincia de Pontevedra. El resultado de estas actuaciones han puesto de manifiesto que la provincia no es un campo especialmente abonado al fraude a la seguridad social. Y es que el número de empresas propuestas para infracción fueron un total de 46, frente a las 1.992 que se presentaron en todo el territorio nacional.
Con todo, Pontevedra es la provincia gallega con un mayor número de denuncias, dado que en A Coruña tan solo se presentaron 6, en Ourense 1 y en Lugo 15. Las inspecciones en estas provincias también fueron mucho menores.
Este convenio también busca detectar posibles situaciones de trabajadores víctimas de trata de seres humanos para su explotación laboral, aunque el pasado año no se detectó a ninguna persona en esta situación en las cuatro provincias gallegas, frente a las 525 en el conjunto del Estado.
Una empresa ficticia
En el marco de estas actuaciones, las fuerzas de seguridad sí detectaron en la provincia de Pontevedra una empresa ficticia, es decir, cuya única finalidad es defraudar y que simulan mantener relación laboral con trabajadores para la obtención indebida por parte de estos de prestaciones de la Seguridad Social, incluyendo prestaciones o subsidios de desempleo, así como para la obtención o renovación de los permisos de residencia y trabajo en el caso de ciudadanos extranjeros. Este caso se dio en 10 ocasiones en Ourense, dos en A Coruña y una también en Lugo.
Los datos referidos a la provincia se completan con un total de tres casos en los que las denuncias se tramitaron por la vía penal al entender que había indicios de delito, un total de 29 infracciones en materia de extranjería y otras 94 denuncias por infracciones de carácter administrativo en materia de contratación y empleo de trabajadores. El fraude detectado en esta materia en la provincia ascendería a 44.000 euros, frente a los 79,5 millones que se destaparon a nivel estatal.
