El convenio de cooperación entre la Consellería de Agricultura, Gandería e Montes y la Diputación de Pontevedra del año 1990, por el que se cedía el uso del Pazo de Lourizán a la Xunta de Galicia, establece entre las obligaciones de la Administración autonómica "efectuar, previo informe da Conselleria de Cultura e Xuventude, as obras de conservación necesarias para o mantemento da zona noble do actual conxunto, respectando en todo caso o seu carácter artístico e monumental e concertando previamente coa Diputación calquera alteración dos elementos que a compoñen".
En un convenio posterior, del año 2000, sobre el aprovechamiento de la finca de Lourizán, se recoge igualmente entre las "aportaciones" de la consellería al acuerdo "efectuar obras de conservación necesarias na zona noble, respectando o actual conxunto".
Es la respuesta de la Diputación Provincial a la inhibición de la Xunta de Galicia ante el estado de deterioro que presenta el inmueble. La administración autonómica contestó a las denuncias sobre la degradación de este edificio noble, que su propietaria es la Diputación, si bien el ente provincial aporta como descargo que según los últimos convenios suscritos con la Xunta es esta administración quien tiene la obligación de asumir las obras de conservación del edificio.
Mientras, el Pazo de Lourizán, la residencia de verano de Eugenio Montero Ríos (abogado, político y presidente del Gobierno en 1905), camina inexorable hacia la ruina sin que nadie mueva un dedo para evitarlo. El histórico inmueble y sus lujosas estancias, reformado en el siglo XIX por Montero Ríos, ha tenido incluso que ser vallado y apuntalado en algunas de sus zonas debido al evidente riesgo de desplome.
Su propietario es la Diputación de Pontevedra pero quien lo gestiona actualmente es la Xunta de Galicia a través de una cesión.
Patrimonio
Ante la inhibición de la Xunta por la situación del edificio, la administración provincial recordó que, como se recoge en los sucesivos convenios, la Diputación no puede hacer obras en el Pazo de Lourizán por ser competencia de la Xunta, con las correspondientes supervisiones de la Consellería de Patrimonio y Cultura. Ni siquiera la Diputación podría hacer ningún tipo de reforma sin autorización de la Xunta, porque tienen este edificio en concesión por treinta años.
Los últimos convenios de colaboración entre ambas administraciones son claros al respecto: Los "inquilinos", es decir, la Xunta, tiene la obligación de hacer las "obras necesarias para el mantenimiento de la zona noble del actual conjunto".
En el propio convenio la Diputación se compromete a autorizar en el edificio todas las obras de nueva planta o de conservación de los edificios que considere necesarios la Xunta.
