No hubo entendimiento entre el el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, en la reunión que se celebró ayer el Parlamento para abordar la sentencia sobre el Pazo da Crega. El regidor buscaba el apoyo de la administración autonómica no solo a través de sus servicios jurídicos para optener una salida a la situación judicial con respecto a la finca que beneficie a los vecinos del municipio, sino también para evitar que la Lei do Solo afecte a más Concellos en futuros casos similares.

La Xunta no ofrecera apoyo a Barro que se enfenra a una sentencia del Tibunal Supremopor la cual le obliga a abonar unos 250.000 euros, a los cuales se le podrían sumar otros 100.000 euros en calidad de intereses, a un vecino que fue desahuciado de su vivienda en el entorno del pazo da Crega.La elevada cantidad amenaza con "estangular" las menguadas arcas municipales.

Tal y como recordaba el alcalde en el encuentro con Rueda, los hechos se remontan al 2007 cuando la promotora Viviendas Caselas se hizo con más del 80% del ámbito urbanizable en torno al Pazo da Crega. Uno de los propietarios que poseía parte del pazo y un terrenos de 3.000 metros cuadrados no quiso ni vender ni tampoco entrar en la junta de compensación para repartirse los beneficios posteriores de esta promoción inmoviliaria, de la cual solo se llegaría a construir un único edificio de los tres planteados, así como el desarrollo de una bolsa edificable con varios chalets que tampoco llegaría a fructificar tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El Concello, obligado por la Lei do Solo, aprobó la expropiación forzosa de esos terrenos, por los que se pagaron más de 270.000 euros, pero el tribunal de expropiación elevó el justiprecio hasta los 522.000 euros.

La diferencia, además de los intereses generados derivados de los años posteriores al pago inicial, debería ser abonada por la promotora Viviendas Caselas como beneficiaria de los terrenos. Por lo que el Tribunal Supremo condena al Concello a responder subsidiariamente la diferencia del justiprecio.

"Es una situación en la que la ley no protege a los vecinos y puede repetirse en otros municipios a partir de ahora", señala el alcalde, algo en lo que no parece coincidir con el vicepresidente de la Xunta. "La Dirección Xearal de Urbanismo debería tener un papel relevante en la tutelación en urbanismo", lamenta Abraldes.

Toda vez que el Sareb o banco malo la nueva propietaria de los terrenos ha pasado a ser la nueva propietaria, el Concello convocará la junta de compensación, para abordar con los titulares de la finca, quienes debería de acuerdo a la ley a abordar l diferencia económica.

En cuanto a la situación judicial, desde el Concello ya yan presentado el recurso de nulidad de la sentencia. Se trata de un paso previo antes de tener que recurrir ante el Tribunal Constitucional.