El BNG denunció ayer que "cientos de vecinos de Caldas están recibiendo estos días cartas remitidas desde el Ministerio de Hacienda para notificar que tienen que pagar importantes cantidades de dinero por la regularización catastral de sus propiedades". Los nacionalistas culpan al alcalde, Juan Manuel Rey, de estos gastos ya que esta medida fue solicitada por el Concello al ministerio en octubre de 2014 y ahora se aplica.

Según el BNG, "esta polémica regularización tiene graves consecuencias en el municipio ya que son cientos las propiedades afectadas y los gastos que implica son cuantiosos". Al respecto apunta que "solo por el hecho de regularizar una edificación, los vecinos que reciban esta notificación tienen que pagar como mínimo una tasa de 60 euros por cada una de las propiedades afectadas y a esa tasa tendrán que sumarle en muchos casos los costes derivados del IBI y los gastos de tramitación".

A la vista del malestar detectado, se prepara ya una asamblea abierta para informar a los vecinos de esta situación. Está previsto que la reunión se celebra la próxima semana y "además de informar a los afectados, se debatirán diferentes alternativas que se pueden elaborar para minimizar el impacto de esta medida abusiva", indica el BNG, que arremete directamente contra Rey por "pedir al Catastro que iniciase este proceso con el fin de tapar el agujero económico que han provocado los sucesivos gobiernos socialistas y que en los últimos años se vio incrementado por la falta de gestión del gobierno local, que hizo perder al Concello cuantiosas ayudas para el proyecto de las Pozas da Tafona, además del derribo del edificio de la calle Real", entre otros casos.