La Axencia Galega de Infraestruturas tiene en marcha un programa de asfaltados de carreteras autonómicas en la comarca con el fin de "prolongar su vida útil" y entre esos viales que necesitan de una reparación urgente la Xunta incluye una vez más la PO-531. El concurso para adjudicar estas obras está en su fase final, con más de veinte empresas que pugnan por el contrato de más de 1,7 millones para intervenir en una docena de carreteras de la provincia. De ellas, cinco están en la comarca: la citada PO-531, la PO-224 entre Bora y Barro, que pasa por el embalse del Pontillón, la PO-250, que atraviesa en parte Ponte Caldelas, y dos en Sanxenxo, la PO-550 y la PO-504.

La memoria de actuaciones señala que el tramo más próximo a Pontevedra presenta una "elevada fisuración y un importante agotamiento estructural del pavimento, a consecuencia entre otras cosas de la acción erosiva del agua". En esta parte del vial no se efectuaron reparaciones en el verano de 2014 y el desgaste del firme es evidente.

Muchos colectivos vecinales y políticos de Pontevedra y Barro sostienen que la mejor manera de aliviar de tráfico la PO-531 sería liberar de peaje los diez kilómetros de la AP-9 entre la capital y Curro. Se trata de una demanda ya antigua que se reactivó en las últimas semanas a raíz de la exposición, por parte del Ministerio de Fomento del tercer sector de la futura A-57 en ese mismo recorrido, un tramo que carece de calendario y presupuestos pero cuyo diseño ha reactivado el ministerio. Sin embargo, el PP no parece por la labor. En un reciente debate en el Parlamento gallego, todos los grupos salvo el PP, instaron a la Xunta a negociar la eliminación de esa tasa y convertir la autopista en una "alternativa segura" a la carretera de Vilagarcía. Y esa misma solución es la que plantea el Concello de Barro para evitar que la A-57 atraviesa en el futuro el núcleo habitado de Curro, "ya castigado ahora por varias infraestructuras viarias", según apuntó su alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes.