La decisión del titular del juzgado de instrucción número 2 de la capital de archivar las actuaciones abiertas por el conocido como caso Elsamex (la concesión de varias prórrogas irregulares a esta empresa en el contrato de mantenimiento de parques y jardines) ha llenado de satisfacción al gobierno local. El concejal de Régimen Interior, Vicente García Legísima, explicaba ayer que el auto judicial en el que se recoge este sobreseimiento de la causa por presunta prevaricación contra el anterior gobierno de Lores va "en la línea de lo que hemos mantenido aquí desde un inicio": que las posibles irregularidades en el ámbito administrativo que se dieran al prorrogar estos contratos "no tenían cabida en el ámbito penal".
En su auto, el magistrado recoge una extensa jurisprudencia del Supremo y de la propia Audiencia Provincial de Pontevedra (tribunal que deberá estudiar un posible recurso a este archivo) en la que se plasma que para que exista delito de prevaricación no solo es preciso una decisión administrativa contraria a derecho, sino que ésta debe tener un "plus de antijuricidad" que dé lugar a una situación injusta o a la lesión de un derecho o del interés colectivo.
El magistrado reconoce en su auto que las sucesivas prórrogas a Elsamex constituyeron "una mala gestión política" por parte del Concello que no sacó a tiempo el nuevo contrato de este servicio. También cree que pudo haber "falta de diligencia" y que la fórmula elegida para prorrogar estos contratos "puede ser ilegal por contradecir la normativa de contratación (y motivo de responsabilidades de otro tipo) pero no merece el calificativo penal de arbitraria". Y justifica esto en el hecho en que se constató que las renovaciones se realizaron ante la necesidad de seguir prestando un servicio a los ciudadanos, la ausencia de tiempo para licitar un nuevo contrato en los términos legales y en la necesidad de dar respuesta a un situación que se produjo por un conflicto en el seno de la administración local que se resolvió de forma "poco diligente" por el gobierno. Considera que además no hubo ningún tipo de perjuicio para la ciudadanía.
Vicente García Legísima aprovechó el archivo de las actuaciones para atacar al PP, que fue quien llevó el caso ante al Fiscalía, quien luego presentó una denuncia. Acusa a los populares de moverse "por intereses espúreos" al "utilizar la Justicia para intentar atacar al gobierno local". Recordó que los populares agitaron casos judiciales como el del alumbrado en el rural de la empresa Setga (también archivado) o este mismo para intentar minar al gobierno y la Justicia acabó por darles carpetazo. Es por ello que considera que los populares, "si tuvieran decencia política" no recurrirían este archivo ante la Audiencia Provincial y pondrían punto y final al asunto.
El PP, recurre
No le va a hacer caso el PP, que ayer ya anunció que recurrirá el archivo. "Acatamos el auto, pero dentro de las reglas del juego democrático vamos a seguir adelante porque defenderemos los intereses de todos los vecinos de Pontevedra", dijo Rafael Domínguez, edil del PP.
Legísima dijo que el PP debería dejar este posible recurso en manos de la Fiscalía, "si es que quiere recurrir". Fuentes del Ministerio Público explicaron ayer que todavía no han decidido cual será su postura puesto que ayer todavía no les había sido notificado el auto.
Con el archivo de las actuaciones se rechaza también la petición de nuevas diligencias que realizaba el Ministerio Fiscal, entre ellas que el juzgado citase a declarar en calidad de investigados al alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y a la concejala Anxos Riveiro. El juez cree que se trata de una petición "improcedente" al insistir que no hay unos mínimos indicios de delito.
