"El Congreso tiene capacidad legislativa, ahora mismo, para modificar la Ley de Costas e imposibilitar la prórroga a Ence". Así lo apuntó ayer la concejala Carmen da Silva a raíz del acuerdo del pasado miércoles en la Cámara baja, donde el BNG no cuenta con representación tras las elecciones del pasado 20 de diciembre, por el que PSOE, Podemos y otras fuerzas políticas, instan al Gobierno (el actual en funciones o el que pueda formarse en el futuro) a anular la citada ampliación de la concesión de Costas a la compañía pastera y, por ende, a cambiar la ley del litoral. "No hace falta el Gobierno para modificar la Ley de Costas porque el Congreso tiene las competencias legislativas", insiste la edil. Aunque un "cambio ahora" de esta normativa costera no tendría efectos retroactivos sobre una prórroga ya concedida hace dos meses, Da Silva sí cree que "hay mecanismos" para "imposibilitarla".

En ese mismo sentido se pronunciaba el miércoles el diputado pontevedrés por el PSOE Guillermo Meijón, al señalar que "el expediente puede ser revisado para localizar posibles defectos que sirvan para anular la prórroga".

Con respecto a l acuerdo por el que se insta al Gobierno a adoptar esa medida, acuerdo que contó con el voto en contra del PP en la comisión de Agricultura y la abstención de Ciudadanos, la concejala del BNG admitió que "está bien" pese a ser únicamente una "declaración de intenciones". Por ello, espera que "tenga más recorrido y la misma mayoría que a adoptó el acuerdo, utilice ahora esa mayoría para un cambio legislativo y no quede duda de que la prórroga de Ence se va a anular".

En todo caso, a juicio de los nacionalistas, la clave para que Ence acabe abandonando la ría "está en la movilización social, que la sociedad se oponga firme y mayoritariamente a la permanencia". "Llevamos años batallando y lo fiamos todo a esa movilización, si bien utilizaremos todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, desde el capítulo social al político, el administrativo y el judicial", explicó la concejala, que recordó que en el próximo pleno municipal se ratificará el acuerdo ya adoptado por el gobierno local de "requerir al Ministerio de Medio Ambiente para que anule la resolución y otorgue más plazo" para posibles alegaciones. Se trata de un paso previo a los recursos administrativos y judiciales por parte del Concello.

El ministerio tiene ahora un mes para contestar a dicho requerimiento y una respuesta negativa, o el silencio, abriría un nuevo período de dos meses para la presentación de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. El requerimiento previo de anulación se dirige contra la resolución de 20 de enero de 2016 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, de la prórroga otorgada a Ence Energía e Celulosa SA sobre la concesión para ocupar 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre en la marisma de Lourizán.

El Concello de Pontevedra expone hasta catorce argumentos legales contra la concesión de una prórroga que entiende que satisface únicamente los intereses de una empresa privada sobre los intereses generales de la población. Argumenta que la resolución ministerial reúne defectos de procedimiento "determinantes de nulidad o anulabilidad" por indefensión, como sería el hecho de que la denegación de la copia del expediente con petición de ampliación del plazo de alegaciones, solicitada por el Concello al amparo del procedimiento de prórroga, tiene la misma fecha que la concesión de la ampliación. Este es uno de los argumentos que se manejan entre los opositores que el miércoles adoptaron el acuerdo en el Congreso.