Según el escrito de acusación del fiscal, el destino de estos coches nunca se llegó a conocer. Sí se detalla que al menos dos de ellos fueron detectados, utilizando una matrícula temporal, en Francia. Se trata de los dos vehículos que fueron adquiridos a un concesionario de Mourente, en Pontevedra. Del resto se desconoce su paradero.

La investigación que permitió desenmarañar este caso fue desarrollada por la Guardia Civil, cuyos agentes deberán declarar como testigos en este caso. La instrucción del mismo corrió a cargo del juzgado de instrucción número 1 y debido a la importancia de la cuantía final de la estafa, que supera los 126.000 euros en su conjunto (teniendo en cuenta ya los intereses remuneratorios fijados en los distintos contratos de financiación), probablemente el acusado tendrá que sentarse por estos hechos en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra.