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Apenas la mitad de los inmuebles se somete a la revisión técnica para certificar su seguridad

03.04.2016 | 05:39
Vista general del casco urbano de Pontevedra, donde este año deben ser revisados 247 edificios más los 128 pendientes de 2015. // G. Santos

La ordenanza municipal de evaluación de los edificios antiguos, implantada hace un año por el Concello para garantizar la seguridad integral de los inmuebles, arroja en sus primeros doce meses de vigencia un resultado muy desigual. De los 295 inmuebles, en su mayor parte de más de 50 años de antigüedad, que debían presentar hasta diciembre pasado el obligatorio certificado, solo cumplieron ese trámite 167 (el 56%), pero los dueños de otros 128 (el 43%) han desobedecido hasta ahora esa orden y ahora se enfrentan a una posible sanción, ya que contra todos ellos se ha abierto un expediente de disciplina urbanística.

En abril de 2015 entró en vigor la ordenanza municipal de Evaluación de los Edificios que el anterior concejal de Urbanismo, el socialista Antón Louro, dejó aprobado poco antes de abandonar el Concello. Esta normativa establece diversos plazos, hasta 2018, para que los propietarios de edificios antiguos contraten a un técnico que analiza todas las características de los inmuebles y certifique, en su caso, su seguridad y sus condiciones de habitabilidad. El primer periodo de inspección concluía en diciembre de 2015 y afectaba a 295 inmuebles construidos antes de 1943, con algunas excepciones.

El Concello acaba de hacer balance de este primer año de funcionamiento, que revela que 146 propietarios entregaron sus obligatorios certificados en plazo, antes del 31 de diciembre, mientras que otros 21 lo presentaron con posterioridad. Pese al retraso, no se adoptarán medidas contra los rezagados, de modo que estos 167 documentos son objeto ahora de análisis municipal para comprobar los datos. en 22 casos ya se comprobó que los inmuebles cumplen los parámetros. En el supuesto de existir anomalías, se requiere su corrección.

Segundo plazo

Pero hay al menos 128 propietarios que han desobedecido la orden y el Concello ya ha abierto expedientes disciplinarios al respecto. De momento se les repetirá la exigencia de presentar el certificado, pero no se descartan sanciones en casos de reincidencia. Paralelamente, el Concello ha comenzado a notificar personalmente el inicio del segundo plazo de inspección. Corresponde a los edificios construidos antes de 1953 y que deben entregar su certificado a lo largo de este año. Son 247 inmuebles, más de la mitad en el centro histórico.

La ordenanza municipal comenzó en 2015 para las propiedades anteriores a 1943 y las inspecciones solo se activaron en el último mes ya que en noviembre apenas el 20% de los inmuebles afectados ya se había sometido a esta inspección. Entonces eran 62 solicitudes y en 20 de ellos sus propietarios alegaban que ya realizaron reformas en los últimos años, por lo que entienden que no estarían sometidos a esta supervisión en este primer plazo. En el último mes esa cifra creció con un centenar más de inspecciones, aunque la cifra aún es insuficiente. A lo largo de 2016 deberán cumplir esa obligación los 128 que desoyeron ya la orden, más los 247 de la segunda fase: en total, 375 inmuebles.

Todos estos propietarios, tanto hace un año como a partir de ahora con la nueva remesa, son informados personalmente de esta obligación. La relación es provisional, ya que se basa en datos del Catastro y el Concello admite que podía haber casos de algunos que fueron objeto de declaración de ruina o de rehabilitación integral con posterioridad a la fecha de referencia de 1943 o 1953 y no esté documentado oficialmente. De ser así, bastaría con que el propietario aporte la documentación al Concello, porque no estarían obligados a superar ahora el informe.

Este informe de Evaluación de los Edificios puede ser presentado por cualquier propietario (o comunidad) con independencia de la antigüedad ya que ese documento es preceptivo para obtener subvenciones públicas para obras de rehabilitación. Al mismo tiempo, el documento debe incluir el certificado de eficiencia energética de todas las viviendas y locales comerciales, necesario para operaciones de venta o alquiler y resulta más caro si cada propietario lo realiza individualmente.

Estructura e instalaciones

La Evaluación de los Edificios se considera el método más eficaz para comprobar el estado no solo de la estructura o la cubierta, sino también de las instalaciones eléctricas, de aguas, gas y telecomunicaciones. La Ordenanza de Evaluación de los Edificios afecta a todos los inmuebles de más de 50 años de antigüedad o que vayan cumpliendo esa edad de forma paulatina. Deber realizarse también la revisiones periódicas cada 10 años una vez superada la primera inspección. Son exámenes únicamente visuales y solo en el caso de detectarse deficiencias puede ordenarse alguna prueba complementaria para determinar la gravedad. En caso de emitirse informe con recomendación de obras, los propietarios tienen dos meses para presentar la solicitud en el Concello y el incumplimiento supone la apertura de un procedimiento de disciplina urbanística por falta leve.

Eran un total de 295 los edificios que el pasado año tenían que superar una revisión de seguridad y condiciones de habitabilidad. De los anteriores a 1943, en torno a un 45% se ubica en el centro histórico, mientras que este barrio concentra a más de 140 (cerca del 60%) de los que deben superar el examen en 2106.

En todo el municipio

Entre los afectados el pasado año un centenar correspondían al resto de la ciudad mientras que algo más del 20% se ubican en el rural. El listado, que se notificó personalmente, pero también se divulgó en la página web municipal y en el tablón de anuncios del Concello, incluía propiedades en la avenida da Coruña, Fernández Ladreda, Manuel del Palacio, la avenida de Marín y del Uruguay, Domingo Fontán, Campo da Torre, Alameda, Benito Corbal, Andrés Mellado, Andrés Muruais, Joaquín Costa, Fray Juan de Navarrete, Echegaray, Leiras Pulpeiro, Oliva, Santa Clara o Rosalía de Castro, entre otras.

También era significativo el elevado número de inmuebles ubicados en el rural, toda vez que las viviendas unifamiliares (lo más abundante en las parroquias) no deberán presentar este informe hasta el final del año 2018, con independencia de su antigüedad. La relación publicada por el Concello incluye más de sesenta inmuebles fuera del casco urbano, si bien en su mayoría corresponden a otro casco urbano, el de Estribela, en la parroquia de Lourizán. Al menos 30 casos corresponden a este territorio, aunque también figuran edificios de las parroquias de Salcedo, Marcón, Bora, Xeve, Tomeza, Lérez o Pontesampaio, entre otras ubicaciones.

En el caso del casco viejo, las calles con mayor número de inmuebles afectados son la rúa Barón (8), Isabel II (8), Real (8), Sarmiento (7), Ponte (6), Princesa (6), Charino (5), Soportales (5) y San Román (4). También aparece la avenida de Santa María, Enfesta de San Telmo, Alonso de Fonseca, Curros Enríquez, plazas de La Estrella, Ferrería, Teucro y A Verdura, Alhóndiga, César Boente, Figueroa, García Flórez, Don Gonzalo, Tetuán, o Manuel Quiroga, entre otras.

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