La secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo de la Xunta, la pontevedresa Encarnación Rivas, considera que sería una "intromisión" por su parte en la labor municipal comparecer en el grupo de trabajo activado por la oposición en el Concello para reactivar la redacción de un nuevo Plan Xeral de Urbanismo. Por ello, no acudió a la convocatoria del pasado jueves, formulada por la presidenta de esa comisión, la concejala de Ciudadanos, María Rey. Sin embargo, en la carta en la que excusa su presencia, Rivas insiste en ofrecer la "disponibilidad" de su departamento para "asesorar" al Concello en la elaboración del Plan y afea al gobierno local que lleve ya doce años sin sacar adelante un documento que comenzó a elaborar en 2004 y que lleva una larga temporada paralizado, de ahí que la oposición se afane ahora por reactivarlo.
La reciente entrada en vigor de la nueva Lei do Solo y, en especial, su régimen transitorio asociado, puede generar una "inseguridad jurídica" en el urbanismo local si no se aprueba un nuevo PXOM que reemplaza al vigente, de 1989. Así lo advierte Encarnación Rivas, que insiste en que la elaboración de ese documento "es una competencia exclusiva municipal", si bien sin el visto bueno definitivo de la Xunta no podrá entrar en vigor. Es este punto el que esgrime el BNG para mantener el Plan en un "cajón", ante las serias discrepancias entre ambas partes en materias como los terrenos de Ence, el suelo industrial o los núcleos rurales, entre otros.
Es por ello que la secretaria xeral de Urbanismo de la Xunta subraya el "posicionamiento claro de la Xunta a favor de que todos los concellos, y muy concretamente las grandes ciudades, se doten de un planeamiento adaptada a las actuales exigencias de sostenibilidad ambiental y económica, que les permita un desarrollo ordenado con los parámetros de calidad exigible y que evite la inseguridad jurídica derivada de la sujeción al régimen transitorio establecido en la legislación urbanística", en concreto, la Lei do Solo que entró en vigor el pasado 19 de marzo y a la que el futuro PXOM tendría que adaptarse.
Rivas detalla los doce años de infructuosa tramitación municipal del documento desde 2004, con un informe autonómico clave en enero de 2010 que implicó la paralización del proceso, pese a las reuniones celebradas con posterioridad en las que "el Concello se limitó a reiterar las mismas propuestas" que la Xunta ya había rechazado, con lo que "se constata que el Concello continúa sin avanzar en la redacción de su planeamiento". De hecho, se echa en cara del gobierno local que "pasaron más de seis años" desde aquel informe que llevó a la paralización del proceso y en ese tiempo "34 municipios que contrataron sus Planes por las mismas fechas que Pontevedra cuentan ya con aprobación definitiva y otros 16 contratados posteriormente" también lo consiguieron, mientras que "a día de hoy, no se tuvo constancia en esta Secretaría Xeral de nuevas actuaciones por parte del Concello".
Criterios contrapuestos
Mientras el gobierno local sostiene que es el criterio de la Xunta el que finalmente prevalece en la aprobación del Plan Xeral, Rivas sostiene que aquel polémico informe de enero de 2010 "era preceptivo pero no vinculante" (sí lo serían los siguientes) por lo que "corresponde legalmente a los servicios técnicos y jurídicos municipales emitir informes respecto de la conformidad del Plan con la legislación vigente y la calidad técnica de la ordenación proyectada. Por lo tanto, el PXOM puede y debe ser resuelto en el seno municipal, razón por la que se enciende que no procede la intromisión de la administración autonómica en una comisión municipal", concluye la responsable autonómica.
