Una sentencia amenaza a Barro con tener que abonar 240.000 euros de una expropiación ajena

El tribunal obliga al Concello a hacerse cargo de unas deudas de la promotora de los terrenos del Pazo da Crega, en concurso de acreedores

12.03.2016 | 03:05
Los terrenos sin desarrollar del Pazo da Crega en San Antoniño. // Gustavo Santos

El gobierno local de Barro se enfrenta a una sentencia del Tribunal Supremo por la cual le obliga a abonar unos 250.000 euros, a los cuales se le podrían sumar otros 100.000 euros en calidad de intereses, a un vecino que fue desahuciado de su vivienda en el entorno del pazo da Crega. La elevada cantidad de dinero amenza con "estrangular" unas menguadas arcas municipales, que según explica el alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, de no disponer de los fondos municipales, solo contarían con unos 100.000 euros para infraestructuras. Desde el gobierno local anuncian que agotarán tanto las vías judiciales como políticas para evitar que la sentencia recaiga sobre los vecinos de Barro.

Como un jarro de agua fría caía esta sentencia sobre el bipartito que desconocía la existencia de este proceso judicial iniciado por el anterior alcalde. Los hechos se remontan al 2007 cuando la promotora Viviendas Caselas se hizo con más del 80% del ámbito urbanizable en torno al Pazo da Crega. Uno de los propietarios que poseía parte del pazo y un terrenos de 3.000 metros cuadrados no quiso ni vender ni tampoco entrar en la junta de compensación para repartirse los beneficios posteriores de esta promoción inmoviliaria, de la cual solo se llegaría a construir un único edificio de los tres planteados, así como el desarrollo de una bolsa edificable con varios chalets que tampoco llegaría a fructificar tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El Concello, obligado por la Lei do Solo, aprobó la expropiación forzosa de esos terrenos, por los que se pagaron más de 270.000 euros, pero el tribunal de expropiación elevó el justiprecio hasta los 522.000 euros.

La diferencia, además de los intereses generados derivados de los años posteriores al pago inicial, debería ser abonada por la promotora Viviendas Caselas como beneficiaria de los terrenos. La cantidad por pagar se eleva así a unos 245.000 euros, a los que habría que sumar los intereses de más de 100.000 euros, pero actualmente la sociedad se encuentra en concurso de acreedores por lo que el Supremo condena al Concello, como responsable subsidiario, a que abone la indemnización al afectado.

"Es una decisión que te deja con las manos atadas", señalaba Abraldes, especificando que la cantidad a pagar sería más del triple del dinero que se destina anulmanete a inversiones propias, aunque el servicio jurídico del Concello estudia si, al estar la empresa en concurso de acreedores, la administración local se tendría que hacer cargo o no de los intereses. Lo que Abraldes tiene claro es que "no es normal que sean los vecinos de Barro los que afronten un pago que corresponderían a los beneficios de la empresa promotora o a los bancos que ahora poseen esos terrenos tras haberlos embargado". El teniente alcalde, José Sanmartín, coincidía con el alcalde en señalar que lo lógico en el caso de que el Concello acabe pagando por los terrenos, es que el beneficio de ellos revirtiese en los propios vecinos.

El bipartito no quiso responsabilizar al anterior gobierno de esta sentencia, aunque lamentó que este proceso se ocultase. Abraldes anunció que pedirá reunirse con el conselleiro de Presidencia y con el presidente de la FEGAMP, al entender que esta sentecian es producto de la Lei do Solo y que podría afectar en futuro a otraos concellos.

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