Vista aérea de la Ría de Pontevedra // R.Vázquez
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó el incumplimiento reiterado del tratamiento de aguas residuales en la ría de Pontevedra, que están originando un deficiente tratamiento en su saneamiento. Así lo señala en una sentencia a raíz de la denuncia de la Comisión Europea al Estado en noviembre de 2014 en el que se señalaba el "indudable riesgo para la salud pública" originado por los incumplimientos de algunas obligaciones en virtud de la directiva de 1991 sobre el tratamiento adecuado de las aguas residuales en la ría, así como en otras zonas de Cataluña y Andalucía. El recurso llega después de un primer aviso al respecto que data del 2003.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que se está quebrantando la garantía a un tratamiento secundario o un proceso equivalente de las aguas que entran en los sistemas de colectores y las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en las aglomeraciones de más de 10.000 equivalentes habitantes (e-h) en zonas sensibles. También advierte que no se está considerando vertidos en zonas de captaciones de zonas sensibles y se incumplen obligaciones respecto a los lodos originados en el tratamiento de las aguas residuales.
Por la contra, el dictamen retiró las denuncias por insuficiente designación de zonas sensibles y respecto a la identificación de estos lugares "menos sensibles" en reconocimiento a la progresiva regularización de las instalaciones de saneamiento y tratamientos, así como vertidos en ciertas aglomeraciones.
En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala que España habría incumplido la obligación de garantizar un tratamiento secundario o un proceso equivalente de las aguas residuales que entran en los sistemas colectores de en la aglomeración "Pontevedra-Marín-Poio-Bueu". En el caso de la ría de Pontevedra también incumple aquella que obliga a realizar un tratamiento más rigurosos antes de vertirlas en zonas sensibles cuando se trata de vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas con más de 10.000 habitantes, esta última sentencia, también incumplida por la aglomeración de Berga, Figueres y El Terri, en Banyoles (Cataluña), cuyo deficiente saneamiento también había sido denunciado por la Comisión Europea. En cambio la sentencia le dio la razón a la Administración central en otros casos que recogía la denuncia en Huelva y Barcelona.
El recurso interpuesto en su día por la Unión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Estado no incluye, por el momento, propuesta de sanción económica algunapropuesta de sanción económica, según la documentación que hasta el momento han hecho pública los distintos organismos europeos. Así, se señala que la denuncia anunciada por Bruselas en 2014 tiene como pretensión que "se declare que el Reino de España ha incumplido sus obligaciones en materia de aguas residuales". Un precedente similar se encuentra en la vecina ría de Vigo, cuando en 2005 la Unión Europea impuso una multa de 20 millones de euros por su contaminación, una sanción que no se llegó a cumplir luego que Bruselas diese el visto bueno a su nuevo plan de saneamiento y archivase la denuncia, aunque a posteriori si continuaron las advertencias en este sentido.
El sistema de saneamiento de la ría incumple los requisitos del artículo 4 y del artículo 5, apartados 2 y 3" de la directiva europea sobre aguas residuales. Dicha directiva señala que estas aglomeraciones urbanas deberían disponer, a más tardar en 1998, de un sistema de tratamiento "más riguroso" para sus aguas que el descrito en dicha normativa antes de ser vertidas a zonas sensibles, como es el caso de la ría.
En el pasado mes de agosto las autoridades españolas trasladaban a la Comisión Europea la fecha de septiembre de 2020 como horizonte para solventar los problemas de depuración. En este punto, la Xunta ya avanzó que gran parte de las ayudas comunitarias para saneamientos en Galicia se destinará a Pontevedra. Las actuaciones que se contempla realizar, como se señaló en la Comisión Europea, consiste en aumentar la capacidad de la desbordada depuradora de Placeres, que da servicio a la población de Pontevedra, Marín y parte de Poio, Vilaboa y Ponte Caldelas. Además también se reservan fondos para construir la depuradora para las parroquias de Samieira y Raxó en Poio.
