Se cierran las pesquisas internas derivadas de la Operación Patos

La investigación municipal de posibles enchufes se zanja con un expediente a Cespa por "no colaborar"

El Concello no logra aclarar la política de personal de la empresa de basuras -El delegado en la ciudad desoyó las citaciones para informar del servicio -Se proponen por ello dos sanciones que suman hasta 12.000 euros

08.03.2016 | 17:19
Reunión de ayer entre el gobierno local y responsables de "Castelao" y "Teucro". // G. Santos

Las investigaciones internas abiertas en octubre pasado por el Concello para determinar si existen o no "enchufes" en las contrataciones de personal de Cespa, la empresa concesionaria de basuras, se cerraron ayer sin resultado alguno ante la "total falta de colaboración" de la empresa, que desoyó las dos citaciones a su delegado en la ciudad para ser interrogado por el gobierno local sobre ese asunto. Así consta en la resolución final sobre las indagaciones que el Concello puso en marcha a raíz de la operación Patos, activada por un juzgado de Vigo en febrero de 2014 que investiga, entre otros supuestos delitos, la presunta mediación de cargos y funcionarios municipales en las contrataciones de Cespa.

Estas mismas conclusiones, que no logran aclarar la política de personal de la empresa, sí proponen abrir un expediente sancionador contra la firma por dos faltas graves "al incumplir de forma clara y patente la obligación que se incluye en el contrato con el Concello de suministrar información para tener conocimiento actualizado del servicio", según explicó ayer el portavoz municipal, Raimundo González Carballo, minutos después de que el gobierno local acordara la apertura de ese expediente, que podría acarrear multas entre 1.502,57 y 6.010,12 euros por cada falta grave, es decir, un máximo de 12.020,24 euros de posible sanción.

Con esta propuesta de sanción, el gobierno local da por zanjada su propia investigación "ya que la empresa no colaboró". La decisión municipal se produce pocos días después de que el juzgado de instrucción número 2 de Pontevedra decidiera sobreseer provisionalmente este mismo asunto al no encontrar indicios de delito en el documento de los supuestos "enchufes" encontrado en los registros de la sede de la empresa Cespa en Santiago. En el papel aparece una lista de políticos del grupo de gobierno (entre ellos el alcalde Miguel Fernández Lores, la concejala Carmen da Silva y el edil de Facenda Raimundo González) como supuestos "mentores" de trabajadores que podrían estar siendo empleados (o haberlo sido) para la empresa. Según el informe elaborado por la UDEF de la Policía Nacional, ese documento llevó a los agentes a concluir que, en su opinión, Cespa estaba contratando personas "a petición" de funcionarios y políticos del Concello pontevedrés, una opinión que no comparte el magistrado que recibió el caso, si bien ha ordenado nuevas aclaraciones a la Policía, por lo que el archivo judicial es provisional.

Si parece definitivo el cierre de las pesquisas municipales ya que el gobierno local no tiene previsto reabrirlas en el futuro al dar por hecho que Cespa "seguirá sin colaborar". González Carballo estima que esa actitud "obedece a una estrategia de defensa de la propia empresa en el proceso judicial", que extendería a la investigación municipal.

Dos requerimientos

Estas pesquisas internas se abrieron en octubre "a raíz de las informaciones periodísticas sobre posibles enchufes" de los que siempre se desvinculó el gobierno local. Sin embargo, el hecho de que aparecieran nombres no solo de concejales sino también de funcionarios impulsó este intento de "conocer el proceso de selección del personal y si existían interferencias en ese proceso". Se designó instructor del asunto al concejal de Personal, Vicente García Legísima, que solicitó a la concesionaria, el 22 de octubre, diversas información documental y el testimonio personal del jefe del servicio en Pontevedra, una persona que lleva al menos cuatro años al frente de la delegación local de la empresa, según el Concello.

Sin embargo esa primera providencia "pidiendo colaboración" fue "totalmente desatendida", según González Carballo, por lo que el 4 de noviembre se remitió un segundo escrito "pidiendo cierta documentación técnica de los contratos de los últimos cinco años y de nuevo la comparecencia del jefe de la explotación". La empresa remitió entonces "entre 400 y 500 contratos" pero no atendió la entrevista personal, lo que se interpreta como un "incumplimiento de la obligación contractual de facilitar información".

Ante esta situación, el instructor dio por cerrado el asunto el pasado 28 de enero, firmando la propuesta de expediente sancionador aprobada ayer. Ahora se le otorgan 15 días de plazo a la concesionaria para formular alegaciones y después se decidirá si se hacen efectivas esas sanciones y en qué cuantía. Estas multas no implican una rescisión del actual contrato de basuras, que concluye en el verano de 2017, pero sí figurarán en el historial de la empresa y podrían pesar en futuros concursos. Cespa, además del servicio de basuras, es la concesionaria, desde el pasado año, del servicio de mantenimiento de jardines.

"Teníamos todo el interés"

González Carballo admitía ayer que con esta decisión se da por cerrada la investigación interna pese a reconocer que "no se aclara nada" sobre la existencia o no de esos supuestos enchufes, y tampoco está prevista reabrirla en el futuro ante "la falta de colaboración" de la firma. En todo caso, quiso alejar cualquier sospecha sobre un hipotético desinterés municipal por airear este asunto al asegurar que "teníamos toda la intención del mundo en aclararlo pero la empresa se niega, no sé por qué motivos".

No obstante, pese a estas puntualizaciones, el edil reconoció que no se llegó a analizar con detalle el medio millar de contratos aportados por la empresa para comprobar si entre ellos figuraba alguna de las personas cuyo nombre aparece entre los supuestos "enchufados" en la documentación hallada por la Policía en los registros en Cespa. Este extremo sí que quiere ser aclarado por el magistrado del Juzgado de Instrucción número dos. En su archivo provisional del caso emplaza a la Policía a determinar si alguna de las personas mencionadas en dicha lista, los supuestos "enchufados" para la Policía, efectivamente estuvieron o no contratados por la empresa Cespa, así como las fechas de estas contrataciones. Para ello, autoriza la remisión de un oficio a la Seguridad Social para que informe en relación a estas 14 personas.

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