La pretensión del gobierno local de convertir el compostaje en el centro del futuro modelo de recogida y tratamiento de basuras y dar un giro completo a este sistema en el plazo de un año, imponiendo el reciclaje de la materia orgánica en todas las viviendas el rural, ha sido recibido con notable malestar entre la oposición, tanto por la "falta de transparencia" del gobierno local a la hora de exponer el nuevo proyecto, como por la decisión de "obligar" a todos los vecinos del rural a instalar composteros individuales en sus casas, lo que implica anular la recogida de basuras tal y como se concibe actualmente.
Tanto el PSOE como el PP mostraron ayer sus dudas sobre la eficacia de un modelo "falto de seriedad y sin explicaciones" y que basa buena parte de su éxito en una futura planta de compostaje en A Canicouva, una ubicación que populares y socialistas rechazan. Por ello, de entrada, reclaman un "debate sosegado" y alertan de que "un gobierno sin mayoría absoluta no puede imponer por decreto su criterio". La propuesta del BNG se concreta en la recogida selectiva de todos los restos de comida de modo que, en el rural y los barrios sea convertida en compost en composteros individuales y colectivos respectivamente, mientras que en el casco urbano esos residuos se depositarán en un contenedor específico, desapareciendo el tradicional recipiente verde actual.
Para el socialista Agustín Fernández, el anuncio del pasado miércoles de los concejales Carmen da Silva y César Mosquera "supone un cambio demasiado radical y parecen más juegos florales que otra cosa" y se pregunta qué pasará con los vecinos del rural que "no composte porque no pueda o no sepa por razones de edad o de otra índole; ¿cómo se puede imponer algo así?". En todo caso, el portavoz del PSOE teme que detrás de esta decisión pueda haber propuestas e informes de empresas del sector que estén interesadas en hacerse con el servicio una vez que concluya la actual concesión, en junio de 2017.
Fernández subraya al respecto que "todo esto se tramita con muy poco transparencia" e indica que "si se va a eliminar la recogida en el rural, se abarataría el coste de la concesión, ya que se necesitarían menos camiones y el contrato sería más barato". En este sentido también se pregunta qué pasara con las tasas que pagan los abonados, un asunto todavía sin definir.
Sin análisis técnicos
Esta falta de estudios, al menos de forma pública, es también objeto de crítica por parte del PP. Su portavoz Jacobo Moreira, lamentó ayer que "los nacionalistas, gobernando en minoría, traten de imponer su criterio sobre cómo gestionar la basura, sin antes escuchar la opinión de los vecinos y sin consultar la postura de los demás grupos municipales". Recuerda que el contrato de basuras "es de gran calado porque no afecta solo a este mandato sino a los siguientes" e insiste en que "no estamos de acuerdo con las imposiciones por decreto; Lores sigue sin enterarse de que los vecinos de Pontevedra no le ofrecieron mayoría absoluta".
Ante esta situación, Moreira exige que "este asunto vaya acompañado de un debate plenario sosegado", al tiempo que reclama más información sobre esta "nueva ocurrencia del BNG". Insiste en que "una medida de este calado debería contar con un análisis y con unos estudios pormenorizados, que no sabemos si existen". El PP recuerda que la obligación de un Concello es recoger y tratar la basura por lo que cuestiona la legalidad de obligar a un vecino del rural a tratar en su casa sus residuos. "No es de recibo que una minoría pretenda decidir en solitario esparcir la basura por todo el rural", apunta.
"Los vecinos están pagando anualmente 20.000 euros por los terrenos para la planta de A Canicouva sin saber sí se van a usar o no, pues no existe proyecto alguno", recordó Jacobo Moreira, quien lamenta que "las propuestas de los nacionalistas para Pontevedra se reduzcan la compogallineros, maestros composteros y esparcir la basura por el rural". Por todo ello, el PP emplaza al gobierno local a "preparar de inmediato el pliego para sacar a concurso el servicio de basuras porque no vamos a permitir una prórroga más" a la actual empresa concesionaria, Cespa.
