El fiscal de delitos económicos, Augusto Santaló, remitió un escrito al juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra para que cierre ya la fase de instrucción del procedimiento que afecta a la secretaria de la ya extinta Cámara de Comercio de Pontevedra, Charo Lorenzo, y al que era representante de la entidad en Brasil, Juan José María Lago. En este caso, y debido a la naturaleza del delito que se le imputa a los investigados, que es el de cohecho, sería un juicio con jurado popular.
El fiscal da este paso después de más de nueve meses en los que el procedimiento ha estado paralizado debido a la imposibilidad de notificar personalmente a Juan José María Lago el escrito de acusación formulado por la acusación pública en mayo de 2015.
En el citado documento, el fiscal solicita que se le imponga a la secretaria cameral una pena de tres años de prisión por un presunto delito de cohecho y diez meses de multa a una cuota diaria de 30 euros por otro de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Para el que era representante de la Cámara en Brasil esta petición se ciñe a los tres años de cárcel por cohecho. En dicha resolución se solicita una fianza de 25.200 euros a la secretaria cameral en materia de responsabilidad civil y de 16.200 euros para el segundo de los investigados.
La parálisis de este caso viene dada por el hecho de que el juzgado entendía que, además de la notificación del escrito de acusación al letrado que representa a Juan José María Lago, esta comunicación se debería llevar a cabo personalmente con el propio acusado, que según consta en el juzgado tiene fijada su residencia en Brasil. Desde mayo, esta notificación personal no se ha podido llevar a cabo a pesar de los intentos por conseguirlo, con comisiones rogatorias enviadas a este país incluidas. El fiscal, en el escrito que acaba de enviar al juzgado de instrucción, esgrime una serie de jurisprudencia según la cual la notificación de su escrito al abogado de la defensa sería suficiente para continuar adelante con el procedimiento sin vulnerar los derechos de la persona investigada.
De atender el juzgado la petición del Ministerio Público se podría desbloquear un asunto que permanece enquistado mucho más tiempo del que debiera debido a los trámites burocráticos.
Despidos de trabajadores
Sí se están moviendo los otros dos asuntos que tramita este juzgado que afectan a la antigua Cámara de Comercio de Pontevedra. El más antiguo, en el que se investiga un posible delito de obstrucción a la Justicia, está pendiente de un informe del Ministerio Fiscal antes de que el juzgado decida sobre su conversión en procedimiento abreviado. Cabe recordar que este fue un paso que la juez ya acordó en junio de pasado año, pero la Audiencia Provincial estimó un recurso de las defensas y ordenó la realización de nuevas diligencias. Concretamente, se ordenó tomar declaración a dos nuevos testigos. Realizadas estas comparecencias recientemente, ahora se permanece a la espera del informe del fiscal. Este asunto investiga si los despidos de varios trabajadores de la Cámara de Comercio fue una represalia por parte de los entonces directivos camerales hacia estos empleados que presentaron la denuncia que a la postre permitió abrir las investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en el seno de la entidad.
El tercer caso es el que corresponde a las presuntas irregularidades cometidas en la obtención de subvenciones para la organización de varias ferias de Ferpalia y Pomovil en los años 2010 y 2011. Aquí la instrucción sigue en marcha y el juzgado acaba de ordenar la toma de declaración de nuevas personas en calidad de investigados.
