Entre 100.000 y cinco millones de euros. Son las bajas económicas que plantean las 24 ofertas que maneja Vicepresidencia de la Xunta para ejecutar el futuro edificio judicial de Pontevedra. Con un presupuesto de salida de 20 millones de euros, las empresas aspirantes plantean tasaciones que rozan esa cifran en las propuestas más altas, y bajan a los 15 millones en aquellas más económicas. El jurado que debe resolver la adjudicación entra ya en la fase final de selección, al cumplirse cinco meses desde que se licitaron las obras, a finales de octubre pasado.
El proceso, destinado a unificar en un mismo lugar todos los órganos judiciales de la ciudad, avanza con más lentitud de la esperada, ya que se contaba con tener resuelta la adjudicación en diciembre pasado. Al respecto, la Xunta envió hace unas semanas una carta al Concello en la que se quejaba de supuestas trabas municipales con el proyecto de ejecución, en concreto en cuanto al sistema ferroviario, ya que la vía del tren discurre a escasos metros del edificio. Esta proximidad obliga a solicitar autorización a su titular, además de exigir una distancia de al menos 20 metros entre el futuro edificio y la citada plataforma ferroviaria, lo que podría implicar una revisión del proyecto original.
Ya en noviembre habían surgido discrepancias entre la Xunta y el Concello con respecto a la mayor inversión autonómica en la ciudad en los últimos años. Se trataba del abono de 585.000 euros en tasas por tramitación de la licencia. El Gobierno gallego esgrimía que esas tasas la debe pagar la empresa adjudicataria, y el Concello replicó que sin ese pago no se podía tramitar el proyecto. En cuestión de horas la Xunta adelantó el dinero y desbloqueó este incipiente conflicto, uno más en la larga relación de desencuentros entre ambas partes a causa de la cesión de los terrenos, en A Parda.
Con un listado inicial de 25 ofertas (firmadas por cerca de cuarenta empresas, algunas de ellas en alianza entre varias), la Xunta maneja ahora 24, al quedar excluida una en el proceso de selección. Se ha encargado ya un análisis económico y se dispone desde hace unos días de una valoración de otros parámetros técnicos. En ella, las ofertas con mayor puntuación hasta ahora (de 41 o más puntos) son las firmadas por Acciona-Ramírez, San José y Dragados-Puentes y Calzadas. No obstante, la decisión final depende también de la valoración económica. Por el momento se mantiene la idea de que esté en servicio en 2018, ya que el plazo máximo de ejecución es de 24 meses.
El futuro edificio ocupará una superficie de menos de 3.000 metros cuadrados (la mitad de todo el solar, ya que contará con una zona urbanizada central, a modo de patio de luces, pero sus dos sótanos y seis plantas sumarán un total de 21.000 metros cuadrados edificados, a los que hay que unir el inmueble actual al que estará conectado mediante una pasarela elevada de 50 metros de longitud. Este enlace se diseñó a la altura del primer piso y con él "se consigue por un lado cubrir la zona de furgones de llegada de detenidos, y por otro lado, unir dos zonas de salas de vistas" ya que la pasarela se extenderá como ampliación del pasillo delante de las dependencias con ese uso en el inmueble actual. Las plantas baja y primera serán "las más públicas, donde se sitúan las salas de vistas", mientras que las cuatro siguientes corresponden a la ubicación de los juzgados, hasta siete por planta, para sumar 28".
En los dos sótanos se albergan el aparcamiento de uso privado para los trabajadores del edificio y los archivos del edificio, así como las salas de instalaciones". En los dos primeros pisos se concentrarán servicios como registro, notificaciones, salas de entrevistas y oficinas para abogados, además de las salas de vistas para acoger los juicios. Habrá 16 de las denominadas "pequeñas", con capacidad para 48 personas, y una "principal" con un aforo de 88 personas.
Cada una de las primeras medirá 52 metros cuadrados, y la grande, 101, para sumar más de 900 metros cuadrados destinados a estos usos. Desde la planta tercera, todas tendrán un acceso más restringido, con despachos para los jueces, secretarios y demás funcionario, si bien sí está previsto en cada una de ellas varias "salas de atención al público y profesionales". El parking, de unas 250 plazas, no será público; solo "para trabajadores del edificio".
