El gobierno local de Caldas agotará las vías administrativas para defender la legalidad de la pasarela sobre del río Umia bajo el puente de A Ferrería. Los servicios jurídicos del Concello ultiman el requerimiento previo a Augas de Galicia, que entregarán antes de que expire el plazo legal para presentar este documento que será el 9 de marzo. A pesar de ello, en el gobierno local también ha recurrido la sentencia del TSXG que declaraba ilegal la pasarela el pasado mes de diciembre.

La cuestión fue planteada por los concejales de Independentes de Caldas de Reis (ICdR) en el pleno del pasado jueves en una pregunta en relación a la "denegación de Augas de Galicia de la pasarela" y la exigencia de este organismo del levantamiento de la misma, dentro del plazo de un mes desde la comunicación del requerimiento el 9 de febrero. Según ICdR, en el caso de que no lleva a cabo esta orden, la ejecutaría la Xunta subsidiariamente. En cuanto a la situación jurídica, los Independentes cuestionaron si se recurrirá la sentencia y se formalizó el recurso de casación en el TSXG y como el trámite inicial en este sentido se hizo de forma extemporánea.

El Concello y Augas de Galicia continúan de este modo un litigio judicial tras la polémica abierta en 2010, cuando el gobierno local chocó de frente con la negativa de la Xunta a autorizar la pasarela fluvial. Tras desoír esta autorización y una vez construida, el caso fue llevado al Juzgado de lo Contencioso, que le dio la razón a la administración local en noviembre de 2014. Sin embargo, una sentencia del TSXG del pasado mes de diciembre revocaba la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número uno de Santiago, argumentando que el Concello habría interpuesto el recurso fuera de plazo. El alcalde, Juan Manuel Rey, mantenía calificaba de "cafrada política" la negativa reiterada de Augas de Galicia a dar el visto bueno a la pasarela.

Por otro lado, ICdR llevaba también a pleno la reclamación presentada en el Juzgado de lo Social 2 y 4 de Pontevedra, señalados el 16 de noviembre y el 19 de mayo, por situación de una persona que prestaba servicios en el Concello a pesar de que los servicios jurídicos municipales ya advertían del reiterado carácter irregular "al igual que lo vienen haciendo con otros tres profesionales que prestan servicios actualmente" para la administración pública. Así, recordaban que en con anterioridad, Rey defendió que esta demandante prestaba servicio en el CIM para tres Concellos y que, por lo tanto, sería responsabilidad de los tres", matizando los independentes que el contratante era siempre Caldas. En este caso, el alcalde se remitió a "lo que decida la justicia".

Rey defendió también la situación de la Escola Municipal de Música, que el pasado día tres recibía una citación de Inspección de Traballo por dos docentes, por supuestas irregularidades en las prórrogas de sus contratos, señalando el alcalde como prioritaria el funcionamiento de la entidad.