La ordenanza definitiva de los furanchos de Poio fue publicada ayer en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra. La normativa recoge que el local debe ser susceptible de tener un uso de bodega, donde se haga el vino o bien donde se almacene, cumpliendo la normativa municipal y autonómica. Además, la superficie destinada al público no puede ser superior a los 50 metros cudradados, el aforo del local dependerá de sus dimensiones con un máximo de 34 personas y debe de ser accesible, así como contar con aseo y aparcamiento.
No se autoriza la actividad al aire libre, excepto que los vecinos colindantes lo autoricen ni el uso de ningún aparato reproductor de imagen o sonido, ni instalación musical o audiovisua.
Por otra parte, el ayuntamiento podrá exceptuar de alguno de los requisitos a las bodegas tradicionales de piedra, tanto aisladas como situadas en viviendas tradicionales, que tengan condiciones arquitectónicas específicas tanto para la elaboración del vino como para su conservación.
El ejercicio de la actividad en estos establecimeintos no podrá ser superior a los tres meses en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de junio con un horario de cierre de las 12 de la noche en días laborales y la 1 de la mañana en fines de semana y festivos.
El vino debe servirse directamente de los bocois o cubas que obligatoriamente tienen que estar en el local, pero no embotellado y el máximo excedente que se puede vender es 0,65 litros por metro cuadrad de la superficie de las viñas, que deben estar situadas en Poio.
En el caso de acompañar el vino con tapas o pinchos, estos pueden ser cinco de la siguiente lista: tabla de embutidos-Quesos, pimientos de Padrón, oreja, chorizo, zorza, lomo, costilla, huevos fritos, sardinas o jureles a la brasa, callos con garbanzos o habas, tortilla de patatas, empanada, empanadillas o croquetas. Por otra parte, los usuarios pueden llevar comida ya elaborada por ellos mismos en sus casas.
El incumpliento de alguno de los puntos de la ordenanza puede acarrear sanciones entre uno y quinientos euros en virtud de la gravedad de la infracción.
El pasado año el concello tuvo que reforzar la vigilancia de estos establecimientos para evitar el fraude, pues desde la asociación de hosteleros poienses acusaron a algunos loureiros de no cumplir con el decreto de la Xunta y hacerles "competencia desleal" al "excederse" en sus servicios.
