La corporación municipal de Sanxenxo aprobó ayer por unanimidad la resolución de las alegaciones al Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións de la zona E69B, en el Revel, lo que supone uno de los últimos trámites necesarios para que el concello ponga a disposición de la Xunta los terrenos necesarios para la construcción del demandado colegio en la parroquia de Vilalonga. Desde el gobierno local comunicaban que en cuestión de días se procederá a llamar a los propietarios para la firma de las actas de las 33 fincas afectadas. Se estiman que el proceso total durará unos dos meses, para que los 2.000 metros cuadrados de terreno del Revel pasen a disposición de la Consellería de Educación para poder iniciar la obra.
En el pleno de carácter extraordinario, el alcalde, Gonzalo Pita, daba por concluido el proyecto de expropiación de los terrenos. "Damos un paso definitivo hacia que Vilalonga disponga de unas instalaciones escolares dignas y de calidad, como llevan reivindicando los vecinos y los partidos que conforman el gobierno desde hace más de una década", afirmó.
Desde el gobierno local recordaron que en el mes de agosto de este año, llegaba al concello una de las alegaciones de gran calado que se resolvieron en el pleno de ayer y que procede a una junta de compensación del PE12 que, en su convenio recogía una monetarización de 306.741 euros y la cesión al Concello de dos fincas, Ameal y Barreiro, hoy necesarias para la construcción del colegio de O Revel. En esa alegación, la junta de compensación advirtió al Concello que se incluye en la expropiación dos fincas que ellos ya cedieran en el año 2006 en el momento de la firma del convenio y que, por tanto, son municipales.
Tras analizar el expediente el gobierno local comprobó que sus antecesores en el cargo consideraban que el convenio no era válido, incluyendo un informe jurídico que avalaba esta postura y que, por tanto, se tenían que expropiar estas dos fincas, lo que hubiera supuesto también la devolución de los 306.741 euros, lo que hay sumar 106.000 euros en los que están valoradas las fincas, además de 22.000 euros del valor de una nueva finca situada en el PEI 12, Estos conceptos más los intereses generados durante estos años, elevarían la cantidad a devolver a más de 600.000 euros.
La insistencia de los propietarios, que ya presentaran otras alegaciones en el mismo sentido, en que Ameal y Barreiro estaban siendo objeto de una expropiación indebida porque ya eran de titularidad municipal, llevó al gobierno a revisar el expediente en profundidad y con calma, conscientes de que suponía mucho dinero público el que estaba en juego.
Según explicaba Gonzalo Pito, el gobierno local recurrió pidió un informe externo que determinase si el convenio sobre el PEI 12 es válido y cuales son las actuaciones a seguir a partir de ahí. Las conclusiones de este informe validan que el mencionado convenio, y con sus argumentos coinciden la totalidad de los técnicos municipales. Y esto ratifica la sospecha que tenía el gobierno local de que no era necesario expropiar las dos fincas mencionadas y que, por lo tanto, tampoco era necesario devolver el dinero aportado en su día por los propietarios del PEI 12 que, en su mayoría, quieren seguir adelante con este desarrollo urbanístico.
Cruce de acusaciones
"Pensamos que la actuación del gobierno local en esta cuestión es impecable y no entendemos porque el PP, con María Deza como concejala de Urbanismo, no hizo ni lo más mínimo esfuerzo por clarificar esta situación y buscar la solución más conveniente para defender los intereses de los vecinos", señaló el alcalde.
Previamente, el portavoz del PP, Telmo Martín, tildó de "vagos" a los miembros del gobierno local al entender que este trámite se había demorado en exceso, especialmente teniendo en consideración la dedicación los conselleiros. En su réplica, el gobierno local tachó de "lamentable" esta crítica por tener revisado todo el expediente con calma y acusó de trabajar en los pasados mandatos con "desidia" en este expediente.
