"Incompetente e improductivo". Son los calificativos que utilizó ayer el PP para describir la labor del gobierno local en materia de ejecución presupuestaria después de conocer las cifras provisionales de inversión del pasado año. Según la documentación que aún elaboran los servicios económicos del Concello, en partidas como accesibilidad rural o saneamiento apenas se gastaron cinco de cada diez euros previstos. El concejal popular Rafael Domínguez calcula que en el cómputo global de todas las inversiones de 2015 apenas se llega a un 50% de ejecución. En cambio, el gobierno local esgrime que el cumplimiento presupuestario del pasado año supera con creces el 95%, si bien en ese cálculo incluye todas las partidas de Personal y Gastos Corrientes, que suman la mayor parte de las cuentas anuales.
La documentación que aportó ayer el PP señala que en apartados como las casas de cultura (básicamente la de Salcedo) o las mejoras de accesibilidad urbana el nivel de ejecución alcanza e incluso supera el 70%. Así, en el primer caso se gastaron 446.000 euros de una previsión de 560.000 y en el segundo el gasto fue de 700.000 euros de un total de 1.020.000 euros. Sin embargo, para accesibilidad rural y aplicación de la calidad urbana en las parroquias se estableció una partida de 3,9 millones y el año se cerró con 1,8 aún pendientes de gasto.
Más llamativo es el balance de las redes de alcantarillado, que se inició con 400.000 euros y después se aumentó en 50.000 euros más, pero solo se invirtieron poco más de 70.000, es decir, el 15% del total. En una situación parecida se encuentran apartados como el de infraestructuras y bienes naturales, con un 31% de ejecución sobre una partida global de unos 430.000 euros, o el de mobiliario urbano, donde se gastaron 60.000 euros de una previsión de 117, lo que supone el 51% de ejecución.
En el conjunto de la documentación económica manejada ayer en la comisión de Facenda se reflejan un total de nueve capítulos inversores, que suman algo más de 7,1 millones de euros, pero quedaron de remanente a 31 de diciembre de 2015, es decir, sin gastar, un total de 3,6 millones. Por ello, Domínguez dice que ese remanente, aunque técnicamente se califica de "superávit", "no es gracias a una política cautelosa, sino por la incapacidad del gobierno local, que incumple sus propias previsiones".
Pago de facturas
En la comisión de ayer también se hizo balance del tiempo de pago de las facturas a proveedores. El Concello pagó entre octubre y diciembre de 2015 un total de 3.346 de estas facturas por un total de 9.746.000 euros y tardó una media de 41,6 días en tramitarlas y abonarlas, desde que fueron presentadas por Registro hasta que se formalizó el pago. Este plazo es casi veinte días menor que el periodo máximo de dos meses que establece la ley.
Así se detalla en el informe referido al último trimestre del año, que refleja una mejoría con respecto al arranque del ejercicio pasado, cuando la implantación de la facturación electrónica retrasó notablemente este proceso y se superaron con creces los cincuenta días de espera.
Las exigencias legales para los municipios a la hora de saldar sus deudas con los proveedores han registrado notables variaciones en los últimos años, ya que llegó a establecerse un plazo máximo de treinta días, que después se modificó, y ahora está establecido en el doble con la facturación electrónica. La inmensa mayoría de esas facturas corresponden a la actividad del propio Concello, ya que el IMD solo recibió 87 de estos recibos (con un tiempo medio de 16,17 días) y el Pazo, 196, con 15,11 días de tardanza.
