La ordenanza municipal de saneamiento faculta al gobierno local a cobrar la tasa por este servicio a aquellos vecinos del rural que declinan conectarse al alcantarillado pese a discurrir a menos de cien metros de sus casas, e incluso otorga la posibilidad de girar atrasos por esta tasa correspondientes a los últimos cuatro años. Sin embargo, para efectuar reglamentariamente ese cobro, el Concello debe informar a los vecinos de que cuentan con ese servicio cerca de sus casas; y esa información no se llevó a cabo. Es este argumento el que esgrime el Tribunal Económico Administrativo (TEA) municipal (formado por funcionarios del Concello) para anular varios de estos recibos cursados por la empresa concesionaria del agua, Viaqua. De este modo, varios vecinos, especialmente de la parroquia de Campañó, han logrado que no se les cobren esos atrasos, que en algunos casos pueden llegar a unos 54 euros al año.
Este mismo argumento sería aplicable a todos los afectados -cuyo número total no se ha determinado- pero para ello tendrían que haber recurrido al citado TEA, como hicieron los ahora beneficiados. Por ello, el PP reclamó ayer al gobierno local que aplique estas devoluciones de oficio a todos los afectados. Los populares, que ya en noviembre denunciaron esta "voracidad recaudatoria" del BNG, desvelaron ayer la existencia de estos informes técnicos, de obligado cumplimiento para el gobierno local, pero solo en los casos concretos de recurso.
Piden una devolución general
Estos informes del TEA admiten que el Concello puede cobrar la tasa, aún sin haber conexión, a las viviendas situadas a menos de cien metros de la red pública, si esa acometida domiciliaria es técnicamente posible y que hubieran sido avisados previamente por el Concello. Es este último punto el que se pone en duda ya que en ningún caso hay constancia de esa información por parte del Concello, ya que se invalidan las comunicaciones que pudiera realizar Viaqua al ser una empresa privada.
A principios de noviembre el gobierno local anunciaba una inspección en todas las parroquias para detectar estos casos. A todos ellos se les comenzó a girar el recibo bimensual al entender el Concello que esa conexión es "obligatoria". Enseguida surgió el malestar entre los contribuyentes del rural, en especial por esos atrasos de hasta cuatro años. Esta indignación fue canalizada por el PP, que habilitó una "oficina de quejas" en su sede local en la que recibieron "alrededor de veinte reclamaciones", según sus datos.
El saneamiento es, de forma sistemática, la principal reivindicación de los vecinos del rural al Concello, pero una vez que se instalan las redes generales por las parroquias, cada acometida domiciliaria debe abonarla el vecino, momento en el que la demanda inicial se reduce notablemente. De hecho, se calcula que como mínimo cada casa debe gastar unos 500 euros en las obras y alrededor de cien en licencias y permisos. En todo caso, el PP decía en noviembre e insiste ahora en que "hay casuística muy diferentes" y denuncia que este cobro con efectos retroactivos "no es equitativo". El portavoz popular Jacobo Moreira apunta que "no puede aplicarse las mismas obligaciones aun vecino que cuenta con una conexión a la red de saneamiento delante de su casa que a otro que tiene que atravesar una finca privada o tiene que instalar una bomba para salvar un desnivel y poner así conectarse". Aquellas quejas del PP se ven ahora refrendadas por los informes del TEA.
El concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, recordó ayer que la ordenanza de saneamiento no solo posibilita ese cobra del servicio aún careciendo de conexión, sino que incluso permite al Concello actuar "de oficio", es decir, elaborar por su cuenta el recibo y notificarlo al afectado, que estará obligado a abonarlo. En todo caso, el edil admitió ayer la existencia de quejas en Campañó y en Cerponzóns, si bien la inspección se extendió hasta ahora también a Lérez, Alba y Xeve, con la intención de "seguir por las demás parroquias".
El edil aseguró que "hay garantías absolutas para el administrado y además de las resoluciones del TEA también se aceptaron otras alegaciones por dificultades técnicas de conexión u otras anomalías" que llevaron a anular los pretendidos atrasos. Eso sí, una vez resuelto ese apartado y avisados formalmente los usuarios, sí se podrán comenzar a cobrar las tasas, de unos 9 euros cada dos meses, en aquellas viviendas que cumplan los requisitos de cobro, estén o no conectados, ya que ese enganche sigue siendo obligatorio.
