Con un total de 1.263 hogares viviendo en la ciudad sin ningún tipo de suelo o prestación, la pregunta es ¿cómo se ha podido sostener esta situación?.

Vidal asegura que esto solo ha sido posible gracias a la ayuda de las familias, a la "solidaridad social" o a la labor de las organizaciones no gubernamentales y de beneficencia como Cáritas. Desde UGT destacan la labor de estos colectivos, pero consideran que no es la solución a este problema de agravamiento de la pobreza. Piden a la administración que deje de "desentenderse" de estas familias que no perciben ningún tipo de ingreso y proponen la creación de esta renta mínima de protección como base de la que partir para combatir la desigualdad.

Esta renta de 426 euros, que es el 80% del IPREM, duraría mientras "se mantengan las condiciones que dan acceso a la prestación". Explican que sería incompatible con otras prestaciones tanto contributivas como no contributivas del sistema de seguridad social , pero sí con el resto de rentas, siempre que fueran inferiores en el cómputo anual al 75% del salario mínimo interprofesional. Los perceptores en Pontevedra serían estas 1.263 familias que no tienen ningún ingreso.

La pregunta clave es, ¿cómo se financiaría?. Tanto UGT como Comisiones defienden que dicha renta se configuraría como un derecho subjetivo, por lo que formaría parte del nivel no contributivo de la seguridad social. La financiación debería garantizarse vía impuestos a través de los presupuestos generales del Estado de tal forma que dependería de la Administración Central y no sustituiría a las ayudas de las comunidades autónomas. El presupuesto total necesario sería de unos 11.000 millones de euros, el 1% del PIB.