UU AA alerta de que el "catastrazo" puede multiplicar por 10 la recaudación del IBI

03.02.2016 | 02:58
José Antonio Diéguez y Jacobo Feijóo, ayer, en Pontevedra. // G.S.

Unións Agrarias alerta de la complicada situación en la que estarán la mayoría de las explotaciones agrarias de la provincia, una vez que se aplique el "catastrazo", si los concellos no toman medidas para aliviar la presión fiscal sobre las granjas, naves y otras instalación del rural, que hasta ahora estaban exentas de pagar el IBI, o "contribución", como popularmente se conoce al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La revisión catastral o "catastrazo", que se está desarrollando en Galicia desde 2013 supone -explicaron Jacobo Feijoo, responsable de Desenvolvemento Rural de UU AA y José Antonio Diéguez, presidente de Ventonoso- "un intento del Ministerio de Hacienda de sanear las cuentas de los ayuntamientos a través de la revisión y subida de los bienes del catastro de urbana y rústica en toda España en general, y en los municipios de Galicia en particular", y que en la provincia de Pontevedra de un total de 62 ayuntamientos, ya afectó a 12, estando otros 18 en revisión y estando prevista la incorporación de todos los que lo soliciten hasta finales de 2016 o 2017, de ser prorrogado.

Actualmente en la provincia de Pontevedra se está recaudando 169.984.625 euros cada año en concepto de cobro de IBI por urbana y rústica; 167.829.795 euros en concepto de Urbana; 2.154.830 euros en concepto de Rústica, estimándose que en el caso de rústica el ministerio pretende multiplicar esta cifra por diez mediante el "catastrazo".

UU AA entiende esta revisión es desproporcionada en el caso del catastro de rústica, por lo que los concellos tienen que tomar medidas para paliar su impacto en la actividad agroganadera. Para ello UU AA pide básicamente dos medidas: Que los Concellos reduzcan la cuota de liquidación al mínimo previsto por la ley, que es del 0,3% del valor catastral de los inmuebles de rústica (granjas, galpones, establos, invernaderos) y segunda, que a mayores aplique las bonificaciones que permita la legislación a las instalación actualmente en activo, utilizadas para generar rentas y empleo en el rural.

La aplicación de los criterios propuestos por UU AA, haría que un establo que estuviese valorado en 100.000 euros, y que hasta el momento del "catastrazo" no pagaba el IBI, pasaría a pagar 900 euros cada año si se le aplicara el 0,9% de tasa máxima que permite la ley. Con la primera medida propuesta por UU AA, rebajando la cuota hasta el 0,3% pasaría a pagar 300 euros cada año, y de aplicarse la segunda medida pasaría a pagar 30 euros cada año.

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