El conflicto de la planta de compostaje de Canicouva ya está en los juzgados. La plataforma vecinal "Residuos Non" de Pontesampaio ha presentado un recurso judicial contencioso-administrativo contra la decisión municipal de elegir unos terrenos colindantes con esta parroquia, después de que sus alegaciones administrativas para tratar de frenar el proyecto fueran desestimadas por el gobierno local. Los vecinos de Pontesampaio, que en esta lucha cuentan con el apoyo de los grupos de la oposición, celebraron ayer una asamblea para conocer con detalle la situación del conflicto.
Uno de sus portavoces, Ramón Agulla, explicó ayer que el recurso judicial tiene el objetivo de echar abajo la elección de diez hectáreas en la vecina parroquia de Canicouva, cuyo contrato de alquiler fue firmado por el alcalde, Miguel Fernández Lores, con los comuneros, el pasado 10 de diciembre. Desde entonces el Concello paga una cuota anual de 20.000 euros a esa comunidad de montes pese a que los terrenos no se utilizarán, en el mejor de los casos, hasta dentro de unos meses, ya que a día de hoy aún no se dispone de proyecto ni de sistema de gestión de la futura planta.
La plataforma "Residuos Non" sostiene que este proceso "está viciado desde el principio, porque se convocó un primer plazo de ofertas de terrenos en el que Canicouva quedó excluido por presentarse fuera de plazo y después se realizó otra convocatoria basada en la oferta de esa oferta y no se respetó la ley".
Con unos argumentos parecidos el colectivo ya formuló alegaciones administrativas, que fueron desestimadas por el gobierno local por "razones formales", sin entrar en el fondo del asunto. A raíz de aquella decisión municipal, la plataforma reactivó sus iniciativas contra la planta, al entender que "contaminará" sus manantiales y generará otras molestias. Desde entonces los vecinos de esta parroquia celebraron reuniones con todos los grupos de la oposición para solicitar "que rechacen firmar la cesión con la comunidad de montes de A Canicouva en tanto no se aclare la situación de indefinición jurídica ocasionada, ya que ello no haría sino sobrecargar los gastos de un Concello cuya viabilidad económica ya se encuentra puesta en entredicho y que llevaría a ahondar en el déficit presupuestario municipal" por los pleitos judiciales derivados de este conflicto. El primero de ellos ya está en marcha.
Paralelamente, el colectivo activó otras opciones para frenar el proyecto municipal. Una de ellos fue proponer, por el momento sin éxito, la creación de quince plantas de pequeño tamaño, una por parroquia, de modo que cada territorio "asuma lo suyo". También se sumaron a la propuesta del PP de solicitar una suspensión cautelar de licencias para plantas de compostaje durante el plazo de un año, igual que hizo en su día el gobierno local con el objetivo de paralizar la construcción de crematorios.
Los populares basan su petición, que el gobierno local ya ha rechazado, en que "el proyecto está caracterizado por la improvisación y aún no está claro cómo se va a llevar a cabo, ni las dimensiones, ni sí se tratará de un proyecto exclusivo del Concello, sí colaborará la Diputación, o será una empresa privada la que gestione la planta de compostaje". Este asunto aún está pendiente de su debate en pleno.
