Un grupo de empresarios de la ya extinta demarcación cameral de Pontevedra están detrás de un recurso contencioso administrativo presentado la semana pasada ante los juzgados competentes en esta materia en Pontevedra, un recurso en el que sostienen que la Xunta tuvo la obligación de intervenir la Cámara de Comercio de la ciudad del Lérez ante las irregularidades detectadas en anteriores mandatos; así como la supuesta ingobernabilidad que se vivió en los órganos de gobierno de la entidad en los últimos años.
Un recurso que pone también en cuestión el proceso de integración de la Cámara en la entidad resultante de la fusión entre las de Vigo y Vilagarcía al preguntarse en base a qué criterios, documentación y estudios se argumenta esta decisión habida cuenta que los informes realizados por el consello de Contas detallan una serie de anomalías que para los recurrentes hacen prácticamente imposible poder detallar desde el punto de vista económico cuál es la situación real de la Cámara de Comercio de Pontevedra.
El recurso se presentó en el registro del juzgado de lo Contencioso la semana pasada, es anterior por lo tanto a la publicación ayer del decreto por el que se crea la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa. Un decreto que entrará en vigor hoy mismo de tal forma que las tres Cámaras son ya una única entidad. El recurso presentado por estos empresarios podría tener serias repercusiones sobre este acuerdo de fusión e integración, dado que pone en cuestión la validez de todos los estudios económicos y argumentos para justificar la unión de las tres cámaras en relación, cuando menos, con la entidad de Pontevedra. Alegan que, a tenor del informe del Consello de Contas, no es posible argumentar la viabilidad o no de una fusión ante la situación en la que se encontraba la Cámara de Pontevedra que debería haber sido intervenida por la administración autonómica.
En cualquier caso, las fuentes consultadas no descartan (incluso señalan que es muy probable) que se presente un segundo recurso Contencioso-Administrativo en contra del propio decreto de creación de esta nueva Cámara de ámbito casi provincial (cabe recordar que queda fuera la de Tui).
Este recurso llega al juzgado después de que estos empresarios solicitasen directamente la intervención de la Cámara de Comercio por parte de la Xunta a través de al menos 4 denuncias dirigidas a la Dirección Xeral de Comercio, tres de ellas sin responder y una última, del pasado mes de diciembre, en la que la administración tutelante de la entidad indicaba que no encontraba motivos para adoptar tal decisión.
Ingobernabilidad
Los recurrentes piden al juzgado que obligue a la Xunta a intervenir la Cámara (lo que podría afectar a todo el proceso de integración que culminó ayer) y para ello echan mano del articulado de la ley de Cámaras de Galicia 5/2004. Consideran que en el seno de la institución se produjeron una serie de transgresiones del ordenamiento jurídico que reconoció el Consello Galego de Contas en su informe que serían causa suficiente para la intervención, pero a ello suman también la supuesta imposibilidad de funcionamiento de los órganos de gobierno de la entidad. Para ello toman como ejemplo que fuera imposible la aprobación de los presupuestos de la Cámara durante los últimos dos años ante la ola de dimisiones de numerosos vocales o simplemente por la inasistencia a las sesiones plenarias.
El decreto de creación de la nueva Cámara publicado ayer en el DOG reconoce que Pontevedra no se fusiona, sino que se integra en el órgano ya creado de la fusión de Vilagarcía y Vigo y que fue autorizada en agosto. Se rechazó la fusión de Pontevedra "al no tener acuerdo favorable de la mayoría absoluta de los miembros del pleno" tal y como exige la antes citada ley 5/2004.
Sí intervino en la integración
Para ello, y con el argumento de no dejar fraccionada la demarcación cameral resultante de la unión de Vigo y Vilagarcía, la Xunta alega motivos de interés general para el comercio y sí utiliza sus facultades como entidad tutelante de la Cámara de Pontevedra para integrarla en la fusión resultante de las otras dos.
La Xunta alega que en este caso, "la protección y promoción de los intereses generales del comercio, industria, servicios y navegación de Galicia hacía inexcusable su intervención" y paralelamente a la fusión de las de Vigo y Vilagarcía se tramitó la integración de la Cámara de Pontevedra.
Para la Xunta, "la unión de las referidas tres cámaras en una nueva, de práctica base provincial, resultará claramente beneficiosa para los intereses generales, en atención a las indudables ventajas económicas, sociales y funcionales que comporta tal operación".
Viabilidad
El decreto publicado ayer también señala que la unión significa "una oportunidad para facilitar la viabilidad" de los tres organismos dado que "permitirá una estructura patrimonial más sólida, capaz, no solo, de garantizar la prestación de servicios en la actualidad, sino también de realizar los ajustes precisos para asegurar su permanencia y viabilidad a largo plazo".
