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Mar endurecerá el control y sanciones para frenar el marisco ilegal y el mejillón con toxina

El sector se enfrenta a multas de hasta 600.000 euros

La Consellería do Mar pretende endurecer tanto los controles como el régimen sancionador para evitar tanto la comercialización de especies ilegales -por ser capturadas en veda, superar los cupos o tener menos tamaño del permitido- como la venta de productos que pueden resultar un peligro para la salud pública y la imagen de todo el sector, como sucede cuando se manipula y vende vieira o mejillón con toxina. Del mismo modo se introducen criterios con los que se trata de preservar el ecosistema marino, castigándose, por ejemplo, el vertido o la utilización de productos contaminantes.

Estas sanciones, además de ser susceptibles de se perseguidas judicialmente, por constituir un delito, pueden dar lugar a la pérdida de todos los privilegios de los que gocen los infractores en materia de pesca, marisqueo o acuicultura, pues podrán quedarse sin su parque de cultivo, su permiso de explotación e incluso su batea.

Este mayor control, que la conselleira Rosa Quintana cree necesario y plenamente justificado, es uno de los elementos que levantan mayores ampollas en el sector ahora que está sobre la mesa el anteproyecto de la Lei de Acuicultura de Galicia.

Diferentes cofradías de pescadores y asociaciones de bateeiros ya mostraron su rechazo frontal a este articulado, incidiendo en que están absolutamente en contra de aspectos como dicho régimen sancionador. Aunque también es cierto que hay colectivos que apoyan el endurecimiento de las inspecciones y las sanciones, convencidos de que "es beneficioso para todos" y de que "quienes cumplen la ley no tienen nada que temer".

Para que el lector se haga una idea puede indicarse que en el capítulo referido a las infracciones, la Lei de Acuicultura tipifica como "muy graves", y por tanto son las que darán lugar a las sanciones más importantes, acciones como la "resistencia grave" a los responsables de la vigilancia, la instalación de establecimientos acuícolas sin permiso, la obtención de concesiones basándose en documentos falsos o la alteración de las áreas "aptas para la acuicultura.

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