En base al funcionamiento del resto de plantas de compostaje existentes en España y "a la ubicación propuesta de la planta provincial" prevista para A Canicouva, el estudio de viabilidad elaborado para esta instalación y al que tuvo acceso FARO asegura que puede "afirmar que con las tecnologías existentes y con una explotación adecuada no son previsibles impactos destacables en el entorno".
El estudio hace referencia a dos de las cuestiones que más importaban a los vecinos de Pontesampaio y otros lugares que se oponen a la construcción de esta planta. Los olores y la posible afección de manantiales subterráneos.
En el primero de los casos explica que "los malos olores constituyen el potencial problema ambiental más importante de las plantas de compostaje". Señala para evitarlos que es necesario prestar especial atención a que todo el sistema de creación del compost evite la filtración de esos gases y plantea incluso un sistema para eliminar estos olores en el que el propio compost actúa como biofiltro antes de que los gases acaben en la atmósfera.
En cuanto a las posibles filtraciones, indican que toda la planta contaría con compartimentos estancos para la elaboración del compost y que además se impermeabilizarían todas las áreas de la planta de compostaje, incluidos los viales, de tal forma que califica de "inviable" que se produzcan filtraciones. También se prevén distintos sistemas de drenaje y otras medidas que hace que no se "espere" ningún tipo de contaminación por esta razón.
Con todo, el estudio señala que deberán ser los promotores de la planta los que, en su momento, elaboren el correspondiente impacto ambiental en el que se deberá profundizar más en detalle "sobre la viabilidad de la implantación de la planta sobre los terrenos proyectados", algo que se podría esperar de un documento que, precisamente, se denomina "estudio de viabilidad".
Este informe, encargado de la Diputación para aquel primer proyecto conjunto con el Concello de Pontevedra, indica también que la planta de compostaje contaría con ocho zonas diferenciadas (una edificación administrativa, una nave de recepción, otra de tratamiento previo, los túneles de descomposición de la materia orgánica, la nave de maduración, la planta de transferencia, la zona de viales y el parque forestal). Calcula que la inversión ascendería a 9,5 millones y que el coste de explotación sería de 1,3 millones al año. El personal supondría un gasto de 441.000 euros y daría empleo, dentro del recinto, a un total de 19 personas.
Impermeabilización
Haciendo un cálculo con los ingresos que pudieran obtener con el reciclaje, se calcula que el coste unitario previsible (es decir, lo que le costaría a cada concello el tratamiento de los residuos) de 57,4 euros por tonelada. El análisis económico "asegura la viabilidad" de una futura concesión. Para hacerse una idea, según datos del año 2012 el coste de tratamiento por tonelada en Sogama era de 46,1 euros por toneladas, aunque en la planta de O Barbanza esta cifra sube a los 91 euros, aunque sin descontar los beneficios obtenidos por el compost logrado y los materiales reciclados. Otra comparativa con complejos de Cataluña, en el Vallés el coste por tonelada es de 72,75 euros.
El estudio indica que la planta inicialmente prevista por la Diputación y el Concello iba a tener capacidad para asumir unas 32.000 toneladas de residuos al año, generando 3.200 toneladas de compost (un 10%), mientras que el 26,25% de la basura tendría que acabar igualmente en Sogama.
El estudio sí reconoce que el ir y venir de vehículos pesados tanto por la construcción como por la explotación de la planta podría provocar "el alejamiento de la fauna por molestias", un impacto incluso mayor que por la ubicación en la zona del propio complejo.
