Agentes de Aduanas requisan todos los contratos del Concello de Poio con Aquagest por orden de De Lara

Se convierte en el tercer concello de la comarca al que el juzgado de Lugo requiere información en el marco de la Operación Pokemon

03.12.2015 | 03:00
El alcalde Sobral observa como los agentes de Aduanas cargan la documentación en un coche. // G. Santos

Agentes de Aduanas se llevaron ayer del Concello de Poio al menos una docena de cajas con todos los contratos, facturas y cualquier actuación realizada por la empresa Aquagest para este municipio desde el año 2006 y hasta la actualidad por orden de la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, en el marco de las diligencias de investigación previas 337/2014, conocidas popularmente como "Operación Pokemon". Fuentes del TSXG aclararon que no se trató de un registro, sino de "búsqueda de información" por parte del juzgado de Lugo.

El Concello de Poio, gobernado por un bipartito integrado por el BNG y el PSOE que tiene al veterano alcalde nacionalista Luciano Sobral al frente, se une así a la lista de ayuntamientos sobre los que pone la lupa la jueza De Lara. Si hace menos de un mes los agentes se llevaban documentación relacionada con Aquagest y otras empresas del Concello de Pontevedra, hace apenas una semana hacían lo propio en los consistorios de Ponteareas y A Pobra, también en busca de los contratos suscritos con esta misma empresa desde el año 2006.

Dos agentes de Aduanas se personaron en el Concello de Poio en torno a las diez horas, en donde mostraron al alcalde un oficio firmado por la magistrada lucense en el que se ordenaba facilitar a dichos funcionarios los expedientes originales e íntegros referidos a una obra de saneamiento realizada en Campelo y otra de ampliación de la red de agua potable y saneamiento del camino Escola-Chancelas. A mayores, la jueza ordenaba la entrega de "todos los contratos de cualquier tipo o modalidad en los cuales la sociedad Aquagest Promoción Técnica y Financiera hubiera participado" .

Acompañados en todo momento por la interventora, los dos agentes de Aduanas revisaron y numeraron toda la documentación existente relativa a contrataciones con Aquagest, resultando que las dos obras que citaba expresamente el oficio eran contratos menores, según explicaba ayer el propio alcalde, Luciano Sobral. Así, uno de ellos se ejecutó por una cuantía de unos 15.000 euros y tenía como particularidad la existencia de un reparo que formuló la interventora municipal por no existir en aquel mometo crédito suficiente para llevarla la cabo. Dicho reparo fue levantado por el gobierno local ante la necesidad de llevar a cabo la obra de forma urgente al tratarse de un problema de saneamiento. La segunda de estas obras es otro contrato menor por valor de 60.000 euros.

Curiosamente, y según explicó el alcalde, estas dos obras no son las de mayor cuantía que llevó a cabo Aquagest para el Concello de Poio. Por ejemplo, los agentes de Aduanas también se llevaron el expediente de otra actuación de relacionada con el saneamiento en el lugar de Esperón y cuya cuantía superaba los cien mil euros. Una actuación que fue adjudicada mediante concurso público. A esto hay que sumar otros expedientes, contrataciones y facturación con esta empresa por otras obras menores, actuaciones de mantenimiento y otros gastos que, según el alcalde, el Concello encarga "a esta y a otras empresas" en el caso de una intervención de carácter urgente.

Siete horas de registro

Después de más siete horas revisando documentación con la colaboración de los funcionarios del Concello, los agentes de Aduanas cargaron en un vehículo esta docena de cajas con expedientes y abandonaron el consistorio.

Aquagest es la adjudicataria del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento del Concello de Poio pero, según explicó Sobral, los agentes de Aduanas no requirieron a los funcionarios municipales ningún tipo de documentación relativa a esta concesión que se adjudicó en el año 1998 a Ferroser (empresa que absorbió más tarde Aquagest) y que se extingue en el año 2018, por lo que en breve deberá salir de nuevo a concurso.

Con esta intervención, son ya tres los concellos de la comarca salpicados por la "Operación Pokemon" dado que además de solicitar información a Pontevedra y Poio, en 2013 este mismo juzgado ya solicitó información al Concello de Marín aunque en este caso relacionada con la empresa Vendex y el servicio de la grúa.

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