El interés por incrementar la seguridad del transporte marítimo y mejorar la protección de los buques e instalaciones portuarias ha llevado a la Autoridad Portuaria a plantear una modificación de la Evaluación y Plan de Protección del Puerto en las zonas de lámina de agua, tanto en aguas interiores como exteriores. Las mejoras acometidas en el puerto en materia de seguridad desde la última revisión del Plan de Protección como la existencia de un convenio con Salvamento Marítimo para el control del tráfico marítimo y la elaboración de procedimientos operacionales, la instalación de nuevos puntos de control en el CCTV (circuito cerrado de televisión), etc, determinaron la actualización de los planes aprobados en la tarde de ayer por el consejo de administración.

La Autoridad Portuaria ha llevado a cabo una revisión del valor de los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del Puerto de Marín, asistida técnicamente por la empresa Tinsa. Esta revisión tiene como objetivo actualizar la valoración vigente que fue aprobada en 2005 ya que estos datos son la base técnica en el procedimiento establecido por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, para la determinación de la tasa de ocupación. La metodología seguida fue la valoración de las distintas áreas del puerto en función de sus usos y características particulares (comercial, pesquero, naval, equipamientos, etc). En el caso de la lámina de agua, la división principal fue entre aguas interiores y exteriores con las subdivisiones correspondientes atendiendo a condiciones de abrigo, profundidad o situación.

Por otra parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Súarez, quiso dejar constancia en la sesión de ayer del reconocimiento del consejo de administración a Ricardo Aguilar Argenti.

Suárez Costa destacó su capacidad de trabajo y dedicación como vocal representante de la Administración General del Estado desde mayo de 2012 hasta su fallecimiento el pasado 23 de octubre.

Nombramiento

Asimismo, en la sesión se dio cuenta de la publicación de la orden de la Consellería do Medio Rural e do Mar, de 1 de octubre de 2015, disponiendo el cese de José Antonio Morillo-Velarde, y el nombramiento de Carlos Rodríguez Soláns, en representación de la Administración General del Estado.