Al menos seis parroquias, todas ellas en el norte del municipio, se han sometido ya a la inspección fiscal puesta en marcha por el Concello para comprobar si las casas que disponen del servicio se han conectado o no al saneamiento del rural. Esta inspección implica el giro de recibos por el servicio, haya o no enganche, e incluso con avisos de cobrar los últimos cuatro años. Esta medida ha causado indignación entre los vecinos de Campañó, una de las parroquias ya revisadas junto con otras como Xeve, Cerponzóns o Alba, según admite el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, que a principios de mes anunciaba esta inspección al señalar que la conexión es "obligatoria" cuanto la tubería discurre a menos de cien metros de la casa.
La llegada de los primeros avisos ha causado malestar vecinal, canalizado por el PP, que ha habilitado una "oficina de quejas" en su sede local. El saneamiento es, de forma sistemática, la principal reivindicación de los vecinos del rural al Concello, pero una vez que se instalan las redes generales por las parroquias, cada acometida domiciliaria debe abonarla el vecino, momento en el que la demanda inicial se reduce notablemente. Es por ello, que el malestar vecinal ya se daba por hecho cuando el Concello anunció esta inspección.
En muchos casos se trata de inversiones que pueden superar los mil euros por casas, pero el PP señala que "hay casos muy diferentes" y denuncia que este cobro con efectos retroactivos "no es equitativo". Añade que hay casos en los que es necesario atravesar una finca privada o tiene que instalar una bomba para salvar un desnivel y poner así conectarse. Hay vecinos que tienen que asumir un gasto que puede llegar a los 20.000 euros para poner conectarse a la red".
El gobierno local recuerda que la actual ordenanza fiscal del servicio ampara estos recibos y faculta al Concello a realizar esta actuación "de oficio", es decir, elaborar por su cuenta el recibo y notificarlo al afectado, que estará obligado a abonarlo. Incluso cabe la posibilidad de aplicar los atrasos hasta de cuatro años, objeto de la polémica.
