Un total de 58 funcionarios de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Pontevedra participaron ayer en un curso de formación que puso en marcha el Sindicato Unificado de Policía con el objetivo de formar a los agentes tras la entrada en vigor a finales del pasado mes de octubre de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una reforma que, entre otras cuestiones, pretende adaptar a la legislación española diversas normativas europeas que protegen las garantías que asisten a la persona que acaba de ser detenida.
Los encargados de formar a los policías pontevedreses sobre las principales novedades de la ley fueron dos magistrados de la ciudad, el titular del juzgado de instrucción número 2 de la capital, Xermán Varela, y el del juzgado de lo Penal 2 y juez decano de Pontevedra, Miguel Aramburu.
Xermán Varela explicó que esta reforma legal permite trasladar estas directivas europeas al ordenamiento jurídico español y que la reforma introduce cambios "reforzando las garantías del detenido con respecto a toda la enumeración de sus derechos y el acceso a las fuentes de prueba que hay contra esa persona". También se introducen cambios con respecto a la traducción e interpretación y se regula un "catálogo concreto de derechos tanto en la información que se le tiene que dar a esta persona" por parte de la Policía, "como en los derechos que le asisten". El titular del juzgado de instrucción número 2 de Pontevedra explicó que la aplicación de la nueva ley "implicará cambios en las dinámicas con mejoras tanto de las garantías que se le dan a la persona detenida como, creemos, que puede aumentar la eficacia policial para comprobar las afirmaciones de descargo que realice" el sospechoso.
"Sospechoso no es culpable"
Una de las novedades que más ha trascendido y que incluye esta nueva ley es el derecho a una entrevista en privado con su abogado antes de ser sometido a una declaración policial. Varela no cree que esta cuestión pueda suponer un obstáculo para las investigaciones policiales: "El problema es que seguimos con una mentalidad en la que creemos que aquella persona de la que sospechamos es culpable y no es así, tan solo sospechamos de ella". "Cuanto más pueda esa persona responder a lo que nos lleva a sospechar de ella más estaremos ayudando a la eficacia policial, es decir, a saber que existe una alta posibilidad de que la persona a la que acusamos sea realmente quien cometió los hechos", añadió. "La eficacia policial no es sinónimo de practicar muchas detenciones, sino descubrir qué es lo que realmente sucedió" y cree que para eso "lo mejor es que es la persona de la que sospechamos tenga garantías y, entre ella, conocer de qué se le acusa para poder defenderse".
La secretaria provincial del SUP, Sandra Fernández, resaltó que el sindicato policial puso en marcha este curso ante la falta de iniciativas oficiales por parte de la propia administración para formar a los agentes de la Policía Nacional sobre esta y otras reformas legales que ya han entrado en vigor y pese a que estas afectan de manera notable a su trabajo.
