Dragados, en unión con Puentes y Calzadas; FCC Construcción; San José; Sacyr, en compañía de Covsa; Huarte Lain y Ogmios Proyectos; Extraco; Corsán Corviam; Copasa; Acciona Infraestructuras en alianza con Ramírez; Ferrovial Agromán y Civis Global; y así hasta cuarenta constructoras que, en solitario o en unión temporal con otras, firman las 25 ofertas recibidas por la Xunta para conseguir el principal contrato autonómico en Pontevedra: la ejecución del segundo edificio judicial, previsto en A Parda, colindante con el actual, y presupuestado en veinte millones de euros.
Tras cerrarse el pasado día 9 el plazo de recepción de estas propuestas, ya mesa de contratación se reunió ayer por vez primera para conocer la identidad de todas las aspirantes, cuyas ofertas fueron, en principio, admitidas en su totalidad sin peticiones de correcciones o enmiendas en la documentación. Además de las cinco uniones temporales ya citadas, compiten otras ocho: Copcisa-Proyecon Galicia; Comsa-Arias Infraestructuras; ; Petrolam A Veiga-Construcciones Murias; Vías y Construcciones-Taboada y Ramos; Xestión Ambiental de Contratas-Orega-Abeconsa; Ortíz Construcciones y Proyectos-Construcciones Abal; Ángel Jove-Calefacciones Simón; y Ábaco-Grupo Mariño Obras y Servicios-Generala-Carlos Busto. La relación se completa con siete ofertas unitarias más: Joca; Coprosa; Viviendas y Obras Civiles; Unika; Misturas; Vila Río-Miño y Levantina, Ingeniería y Construcción. En los próximos días se conocerán las ofertas económicas y de plazos de estas 25 propuestas, con el objetivo de lograr que la adjudicación definitiva se realice en diciembre.
En servicio en 2018
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Con un plazo máximo de ejecución de dos años, la nueva sede judicial, destinada a aliviar las carencias actuales de espacio en A Parda y la Audiencia, estaría disponible en 2018. Habrán pasado entonces casi ocho años desde que en mayo de 2010 se firmó el convenio entre el Concello y la Xunta para ejecutar esta sede colindante con la actual.
El proyecto ha estado salpicado por el constante enfrentamiento entre el gobierno local y el autonómico a causa de los terrenos, unos 6.500 metros cuadrados que debía aportar el Concello. Este episodio tuvieron hace unos días un "amago" de continuación a causa de las tasas de tramitación de la licencia, que se resolvió con el abono, por parte de la Xunta, de 140.000 euros.
Según detalla la memoria del proyecto, el principal objetivo es ofrecer 20.000 metros cuadrados más a jueces, abogados, fiscales, funcionarios y público en general que permitan ordenar la actual dispersión de órganos. Se explica que "en la actualidad las sedes judiciales de Pontevedra se encuentran dispersas en la Audiencia Provincial, en el edificio de la calle Germán Adrio y en la sede de A Parda. En ellos se encuentran cuatro secciones y seis juzgados en el primero, tres juzgados de lo contencioso-administrativo en el segundo; y quince juzgados además del de guardia, la Fiscalía y el Decanato en el tercero".
Se añade que "ante la saturación de estas instalaciones, el nuevo edificio de la sede judicial deberá acoger los tres juzgados de lo contencioso-administrativo situados en el edificio de la calle Germán Adrio y los seis juzgados de la Audiencia Provincial. Además de esto, la previsión es que en el actual edificio de A Parda quede solamente la jurisdicción penal".
La elección de un solar en A Parda, al lado del edificio actual (abierto hace quince años pero que enseguida se quedó pequeño) tenía el objetivo de lograr un "funcionamiento único". Así se detalla en el proyecto, que añade que "deberá contemplarse además la ordenación de las dos parcelas con el objetivo de conseguir una agrupación de las dos sedes judiciales, la existente y el nuevo edificio, generando para ello un único acceso a los servicios judiciales y una conexión aérea entre las dos infraestructuras de tal manera que las edificaciones funcionen como una sola".
Tras cinco años de discrepancias sobre las expropiaciones, la titularidad del solar y su cesión, el Concello acabó entregando los terrenos en junio pasado; en agosto fueron aceptados por el Consello de la Xunta y las obras se licitaron en octubre. Ahora ya se trabaja en la adjudicación y la concesión de la licencia municipal, un asunto que también generó alguna "chispa", pero que se resolvió en poco tiempo.
585.000 euros en tasas
El gobierno autonómico solicitó en su día ese permiso urbanístico pero sin abonar la correspondiente tasa, el 1% del presupuesto de ejecución, en este caso 139.335 euros, cuyo pago se imputa a la empresa adjudicataria. El gobierno local alegó que sin esa tasa no podría tramitar el expediente, mientras que sin licencia no se podía adjudicar la obra. Parecía el origen de otro conflicto y, sobre todo, otro retraso en el proyecto, pero la Xunta acabó asumiendo ese recibo, a la espera de imputarlo en el futuro a la adjudicataria, no sin algunos reproches al Concello, que también ingresará por esta actuación otros 445.000 euros en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
