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Inspección de la seguridad de todos los inmuebles anteriores a 1943

El 80% de los 295 edificios obligados a superar este año la revisión técnica aún carece de su certificado

A mes y medio de la conclusión del primer plazo, solo 62 propietarios han cumplido con la ordenanza municipal, vigente desde abril -El gobierno local confía en que se complete el proceso -El retraso puede acarrear sanciones

El 45% de los inmuebles sometidos a revisión este año se encuentra en el casco viejo. // G. Santos

Desde abril pasado, hace siete meses, todos los propietarios de edificios del municipio construidos antes de 1943, con algunas excepciones, están obligados a presentar en el Concello un certificado de sus inmuebles que garantice su seguridad y otras condiciones de habitabilidad. Así se establece en la ordenanza municipal de Evaluación de los Edificios que el anterior concejal de Urbanismo, el socialista Antón Louro, dejó aprobado poco antes de abandonar el Concello.

La ordenanza obliga a todos los edificios de más de cincuenta años de antigüedad, pero establece unos plazos hasta 2018 para entregar ese certificado. A lo largo de este año 2105 son 295 los que deben cumplir estos requisitos. Pasados ya siete meses y a apenas 45 días para que venza este primer periodo, apenas el 20% de los inmuebles afectados ha superado esta inspección. Según datos oficiales del Concello, a día de hoy se han recibido 62 solicitudes y en 20 de ellos sus propietarios alegan que ya realizaron reformas en los últimos años, por lo que entienden que no estarían sometidos a esta supervisión en este primer plazo. Toda la documentación es objeto de análisis en la actualidad.

Son, por tanto, más de 230 los inmuebles que aún carecen del certificado y que deben presentarlo en este próximo mes y medio. El gobierno local confía en que se complete el proceso a tiempo al entender que la inmensa mayoría de los afectados suele apurar los plazos y entregar la documentación en los últimos días. En todo caso, se recuerda que los retrasos pueden acarrear sanciones.

Un inmueble situado en la calle de Forcarei fue en junio el primero de Pontevedra en presentar este informe de Evaluación de los Edificios. En su día se informó personalmente a los propietarios de esos 295 primeros edificios de esta obligación, todos ellos construidos antes de diciembre de 1943, según los datos del Catastro. El listado fue publicado también en la web municipal y sigue colgado en el tablero de anuncios.

Ya al elaborarse ese listado se admitía que podía haber casos de algunos que fueron objeto de declaración de ruina o de rehabilitación integral con posterioridad a la fecha de referencia de 1943 y no esté documentado oficialmente. De ser así, bastaría con que el propietario aporte la documentación al Concello, porque no estarían obligados a superar el informe durante este año. Así ocurre en 20 casos.

El informe de Evaluación de los Edificios puede ser presentado por cualquier propietario (o comunidad) con independencia de la antigüedad ya que ese documento es preceptivo para obtener subvenciones públicas para obras de rehabilitación. Al mismo tiempo, el informe incluye el certificado de eficiencia energética de todas las viviendas y locales comerciales, necesario para operaciones de venta o alquiler y resulta más caro si cada propietario lo realiza individualmente.

La Evaluación de los Edificios se considera el método más eficaz para comprobar el estado no solo de la estructura o la cubierta, sino también de las instalaciones eléctricas, de aguas, gas y telecomunicaciones. La Ordenanza de Evaluación de los Edificios afecta a todos los inmuebles de más de 50 años de antigüedad. Deber realizarse también la revisiones periódicas cada 10 años una vez superada la primera inspección. Son exámenes únicamente visuales y solo en el caso de detectarse deficiencias puede ordenarse alguna prueba complementaria para determinar la gravedad. En caso de emitirse informe con recomendación de obras, los propietarios tienen dos meses para presentar la solicitud en el Concello y el incumplimiento supone la apertura de un procedimiento de disciplina urbanística por falta leve.

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