El juzgado impulsa la instrucción del caso Elsamex con la declaración de los testigos

El ingeniero técnico de parques y jardines respondió a las preguntas del juez y la semana próxima lo harán otras dos técnicas -Se analiza la documentación requerida al Concello

14.11.2015 | 03:14
La nueva concesionaria ya trabaja en los jardines pontevedreses | Desde el pasado 1 de noviembre ya está trabajando sobre el terreno la nueva concesionaria del servicio de parques y jardines de Pontevedra, Cespa. Esta empresa se hizo con el concurso abierto en 2014 y que por fin se adjudicó en julio de este año después de las reiteradas denuncias públicas del PP sobre las prórrogas injustificadas a Elsamex, cuyo concurso había caducado en 2012. Unas denuncias que los populares acabaron llevando a la Fiscalía y que derivó en la actual causa judicial abierta.

El juzgado de instrucción número 2 de Pontevedra ha decidido pisar el acelerador en lo que respeta al conocido como caso Elsamex, en el que se investigan las supuestas prórrogas irregulares del contrato del Concello de Pontevedra con esta empresa para el mantenimiento de los parques y jardines. Así, las primeras diligencias de investigación ya están en marcha con la toma de declaración, ayer, a un funcionario municipal que fue citado como testigo. Se trata del ingeniero técnico de Parques y Jardines del Concello de Pontevedra. El contenido de su declaración no trascendió, pero sí se sabe que respondió a todas las preguntas practicadas por el juez y que la Fiscalía no estuvo presente en el interrogatorio.

Esta declaración se completará la semana próxima con la comparecencia en sede judicial de otros dos técnicos también en calidad de testigos. Se trata de las dos personas mencionadas como redactoras del pliego de condiciones de 2014.

Estas declaraciones fueron acordadas por el juez en el auto dictado el pasado 27 de octubre por el que admite a trámite la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal al detectar indicios de un posible delito de prevaricación administrativa, tras una denuncia previa del PP.

El magistrado, en su auto, reconoce que los hechos descritos en la denuncia del fiscal podrían "constituir un delito de prevaricación" por lo que considera procedente abrir estas diligencias previas de investigación. No obstante, entiende que previamente "es preciso aclarar diversos extremos de los hechos que permitan valorar de forma concreta lo sucedido y así concluir, o no, en la existencia de indicios más específicos sin que, entre tanto, sea posible imputar hechos delictivos a personas concretas".

Así, además de la citación como testigos de estos tres técnicos, el juzgado reclamó al Concello diversa documentación (que ya ha sido entregada por la administración local) explicando qué actuaciones se llevaron a cabo para hacer cumplir los acuerdos del ejecutivo con fecha de 30 de enero de 2012 y 29 de enero de 2013 por los que se ordenaba el inicio de expediente de contratación de un nuevo concurso para el mantenimiento de los jardines. También reclamaba información de las competencias de los funcionarios de cada departamento en relación con este tema, así como qué concejal tenía competencias para el impulso de esta contratación desde octubre de 2011. Paralelamente a la toma de declaración de estos testigos, el juzgado analiza esta documentación aportada por el Concello así como la que ya estaba en su poder y que recabó la Fiscalía. Una vez que se lleven a cabo estas comparecencias de los testigos y finalice el estudio de la documentación aportada, el juez podría tomar ya una primera decisión acerca de si archiva el caso o continúa adelante solicitando nuevas comparecencias. La Fiscalía ya anunció que por el momento no piensa solicitar nuevas diligencias de investigación y se ciñe a las actuaciones que pueda llevar a cabo el juzgado de instrucción.

Operación Patos

Al parecer, una de las razones por las que se da un impulso a la instrucción de este caso es para evitar que pueda coincidir con las principales diligencias de investigación de la Operación Patos que también podría afectar a parte del gobierno local. Las piezas desgajadas que afectan a Pontevedra han sido asumidas ya por el juzgado de instrucción número 1 de la capital y por los fiscales de delitos económicos, Jesús Calles y Augusto Santaló.

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