El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, y diecinueve alcaldes y concejales que ayer participaron en una Mesa de Seguridad sobre los mercadillos ambulantes de la provincia, aseguraron que "se hará cumplir la ley" y que los implicados en los recientes altercados vividos en ferias de Cangas, Redondela y Vigo, entre clanes de vendedores, serán "perseguidos y sancionados".
"Se debe dar un mensaje claro y firme por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de que nadie se puede sentir impune, nadie puede campar a sus anchas y deben saber que quien la hace la va a pagar, tienen que sentir en el cogote el aliento de las fuerzas de seguridad y que en cualquier momento pueden ser detenidos", resumió la alcaldesa de Porriño Eva García de la Torre, al salir del encuentro mantenido en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.
También el portavoz del Gobierno en la provincia, Antonio Coello Bufill, incidió en esta idea: "Los ciudadanos tienen que saber que las fuerzas de seguridad van a estar allí y que la seguridad está garantizada". Coello aseveró que no queda espacio para la impunidad en este asunto. "Hay una Constitución, unas leyes y un Código Penal y lo vamos a hacer cumplir", advirtió el subdelegado del Gobierno en Pontevedra.
También subrayó la "unidad y el respaldo permanente y sólido" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los municipios y la labor iniciada para perseguir "a quienes quieren traspasar las líneas rojas", explicó. Al encuentro asistieron responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la provincia, que colaborarán con las policías locales en la vigilancia y seguridad de estos mercadillos.
Adecuar las ordenanzas obsoletas en los diferentes municipios es otro de los objetivos a lograr, siguiendo las conclusiones de la reunión mantenida ayer en Pontevedra.
Xunta de Galicia
Por otra parte, los alcaldes demandaron además la implicación del gobierno de la Xunta de Galicia en cuanto a su ámbito de competencias en el comercio ambulante. Así recordaron que el gobierno autonómico tiene competencias en esta materia y que el problema suscitado no es solo de seguridad, sino que afecta también a la actividad económica de la venta ambulante, en la que la Xunta debe hacer cumplir la ley.
Antonio Coello ha señalado en este sentido que trasladará a la Xunta de Galicia la petición de los alcaldes de que tome medidas basándose en las competencias que le atribuye la Ley de Comercio de Galicia.
El objetivo final es "recuperar la normalidad" en esta actividad y dar respuesta a los hechos "gravísimos" ocurridos al respecto, afirmó Coello, en alusión al enfrentamiento entre clanes gitanos que ejercen la venta en los mercadillos ambulantes y que tuvo como una de sus consecuencias una emboscada en el túnel de Valadares, en Vigo, con un vendedor herido por arma de fuego.
A la reunión celebrada ayer fueron convocados los regidores o concejales delegados de Seguridad de Vigo, Cangas, Barro, Poio, Redondela, O Porriño, Tui, Baiona, Moaña, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa, Cambados, A Guarda, Bueu, Mondariz, Marín, Ponteareas, Salceda y Tomiño; además de los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.
