La operación del SVA del pasado miércoles en las oficinas municipales supuso la revisión de 1.200 tomos de facturas de todo tipo y con numerosas empresas, desde 2009 hasta ahora, de los que finalmente los agentes se llevaron 79 del capítulo de ingresos (donde figuran unas cien facturas vinculadas a Aquagest) y otros 244 libros de gastos, con medio millar de esos recibos. Además de estos 323 tomos, los funcionarios de Aduanas retiraron unos veinte expedientes de obras de la empresa, entre ellos el contrato de adjudicación del servicio de agua de 1997, que concluye en 2017, según explicó ayer el concejal de Régimen Interior, Vicente García Legísima.

El edil quiso dejar claro que la operación del miércoles "no fue un registro, sino un requerimiento de documentación, porque los agentes ni buscaron ni registraron anda sino que fueron los funcionarios municipales los que localizaban y entregaban la documentación".

Añadió que la larga duración del proceso, más de trece horas, "fue por exceso de celo de los funcionarios del concello y por responsabilidad para colabora con la Justicia, aunque algún órgano judicial no sea merecedor de ese trato". A su juicio, la irrupción de estos agentes fue "absurda, innecesaria y desmedida" ya que bastaba un simple requerimiento para que el Concello enviara la documentación, como en otros casos, y entregando unas fotocopias, no los originales de los tomos, sería mucho menos volumen de papel". "Para llevarse 500 facturas no era necesario montar este circo, que nosotros (el gobierno local) afrontamos con absoluta tranquilidad, pero sí estamos molestos por el daño mediático que provoca, en especial para los funcionarios, que quisieron quedarse para cumplimentar a un órgano judicial que a lo mejor no se merece ese trato", insistió.