La juez solicitó los expedientes originales y completos de todos los concursos contratos, vigentes o no, así como los de renovación y prórroga desde el año 2009 hasta la actualidad de las empresas del grupo Agbar --incluyendo Aquagest-, que es la información recabada ayer en las dependencias municipales, una tarea en la que colaboró todo el "staff" económico de la plantilla del Concello. El gobierno local aclaró que la concesión del servicio de aguas a esta empresa se acordó en 1997 y no hubo prórroga alguna desde entonces, ya que ese contrato vence en 2017.
También autorizó a Vigilancia Aduanera a usar los datos fiscales y de la Agencia Tributaria del regidor nacionalista, de su portavoz municipal y de varios funcionarios municipales investigados. Además, la juez ha pedido información a la agencia de Bives Tour para que facilite toda la información sobre las contrataciones de viajes realizadas por las empresas del Grupo Agbar y pide comprobar si cuatro personas, entre las que estaría un hijo de la secretaria del alcalde, fueron contratados por empresas de la concesionaria del agua.
Al margen de ello, y en referencia a un email en el que consta una entrega a "determinados organismos y entidades", pide que se contraste la información con las contestaciones ofrecidas por el Ayuntamiento de Santiago y los clubes Lovelle y Obradoiro cuando se les pidió información sobre entregas realizadas por empresas del grupo Agbar y Aquagest.
