Una reclamación colectiva ante los tribunales ha permitido a unos 2.600 usuarios de la provincia de Pontevedra ganar la batalla a una empresa de distribución de energía eléctrica, CIDE HC Energía, que ha llegado a un acuerdo con los demandantes para retirar una cláusula de los contratos que firmaba con sus clientes que estos consideraban "abusiva".

En concreto, dicha cláusula establecía que "en caso de que el cliente, a excepción de ayuntamientos y organismos públicos, utilizara formas de pago distintas a la domiciliación bancaria, y mientras se mantenga esta situación, se le aplicará en cada factura una comisión de dos euros por factura, cuyo importe deberá abonar junto con el resto de los conceptos devengados". La presión realizada en el juzgado por los usuarios, que canalizaron sus protestas a través de la Fiscalía de Pontevedra, permitió la interposición de una querella colectiva por parte del Ministerio Público que acaba de obtener sus objetivos al renunciar la empresa a cobrar esta cláusula y a retirarla de sus contratos, tal y como deja constancia en una transacción judicial pactada por las partes y que ya está en vigor en virtud de un auto dictado por el juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra.

Esta querella colectiva, la primera de la que se tiene constancia en la provincia de Pontevedra y de la que ya dio cuenta FARO en su edición del pasado 4 de octubre, se tramitó ante este juzgado de lo Mercantil que ahora da carpetazo al proceso después de que CIDE HC Energía SAU aceptase además no utilizar otras cláusulas similares "que aun en otros términos pueda establecer similar contenido de aplicar un recargo en las facturas por el hecho de que el cliente abone las facturas mediante medios de pago legítimos distintos de la domiciliación", según reza el auto facilitado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Asimismo, la empresa se comprometió ante el juzgado de lo Mercantil a que "en el plazo máximo de 15 días" desde la aprobación del citado acuerdo transaccional (fechado el pasado 5 de noviembre) consignará en la cuenta de este tribunal la cantidad de 37.984 euros percibida en concepto de la citada comisión o recargo de dos euros por factura, una cantidad que ya señalaba la Fiscalía en su querella. Así, será el juzgado el que irá devolviendo a cada uno de los clientes afectados y cuyas respectivas identidades, domicilios e importe consta en la documentación aportada por los demandantes.

Escasa colaboración inicial

Así, el juzgado da carpetazo a un asunto que tienen su origen en estas diligencias de investigación iniciales de la Fiscalía de Pontevedra que terminaron con la interposición de la citada querella colectiva por parte de Alejandro Tuero, fiscal especializado en materia de consumo. El caso se incluyó en la Memoria de la Fiscalía, en donde se llegó a señalar que la colaboración por parte de la empresa "fue muy escasa" inicialmente por lo que resultó necesario iniciar este procedimiento de diligencias preliminares ante el juzgado de lo Mercantil en el que se logró obtener un listado de afectados en la provincia y que alcanzó las 2.600 personas, así como esta estimación de las cantidades cobradas, que serían los 37.984 euros que ahora CHC Energía se compromete a devolver. Tras añadir a algunos otros afectados de los que se tuvo noticia a posteriori, la Fiscalía presentó esta demanda ejercitando una acción colectiva de cesación a principios de 2015 y que ahora ve su resultado al acceder esta compañía a las pretensiones de los consumidores.