La Organización Galega de Comunidades de Montes Vecinales en Man Común y la Unión de Tecores de Galicia, ante las "lamentables" declaraciones en los medios hechas "por algún ciclista" en las que "acusaban, sin prueba alguna, directamente a la veciñanza comunera y a los cazadores de la colocación de cables y tablas con puntas atravesando pistas y caminos forestales" manifestaron, en primer lugar, la "condena absoluta por la colocación de obstáculos, cables o tablas con puntas" en los caminos de los montes ya que "suponen un verdadero acto criminal contra los usuarios, ya sean titulares de los mismos o no".

Por este motivo reclaman tanto a la administración como a las fuerzas de seguridad la aplicación de dispositivos de vigilancia en las zonas en donde se detectaron para detener y poder juzgar a los delincuentes que los colocan.

Ahora bien, estos colectivos inciden en el hecho de que los montes comunales no son públicos ni privados, son propiedad colectiva de los vecinos de la zona, y que son sus titulares los únicos con potestad para decidir sobre estas tierras. Reconocen que cumplen funciones no solo productivas y medioambientales, sino también sociales, por lo que muchas personas que no ostentan la condición de comunero son usuarios de la función social del monte (senderismo, setas, paseos con perros, mountain bike. Aún así, indican que "no pueden hacerlo como si todo el rural fuese un inmenso espacio público". "Estos usos tienen que estar reglamentados y autorizados por los titulares de las tierras, como ocurre con los aprovechamientos ganaderos, cinegéticos, custodia del territorio e incluso algún club deportivo", dicen. "Exigir, por ajenos, usar las tierras del monte vecinal y del rural sin autorización de sus titulares, es un acto de invasión, de ocupación ilegal". Unos actos "que solo pueden traer consecuencias negativas tanto para los titulares de los terrenos (derivadas de responsabilidades civiles subsidiarias) como para los usuarios (por desconocimiento de la situación del terreno) y al ecosistema.

Tras criticar que la Xunta "no hace nada" por promover la disponibilidad de montes y terrenos forestales para fines sociales, educativos, ambientales y recreativos, señalan que se podrían habilitar espacios para estos fines si se tiene en cuenta a los titulares de estas tierras por lo que reclaman a la administración una campaña formativa en los medios públicos que "sirva para formar a estos potenciales usuarios del medio rural, de forma que tomen conciencia de que es necesario respetar a los titulares de los terrenos en los que desarrollan sus actividades de ocio, dado que son los verdaderos responsables finales de la conservación de los mismos".