Las diez hectáreas de Rego de Louriñas, en Canicouva, donde el gobierno local tiene previsto levantar su planta de compostaje, presentan pendientes suaves, adecuadas para la instalación que se pretende" y con una superficie acorde con las necesidades municipales, pero su ubicación, en lo alto de la sierra de A Fracha, supone un notable escollo para el futuro acceso de los camiones para entregar la materia orgánica y recoger el compost posterior, y carece por completo de cualquier servicio, no solo de energía eléctrica o gas, sino incluso de agua y saneamiento. Así se advierte en los informes técnicos elaborados por los servicios municipales y que acompañan al acuerdo del gobierno local para el alquiler de esos terrenos a los comuneros de Canicouva por un mínimo de 30 años.
Uno de estos informes, firmado por el ingeniero jefe de la oficina de Medio Ambiente, Proyectos y Obras el pasado 30 de septiembre, señala que "el terreno ofertado está situado dentro del término municipal de Pontevedra, lindante con el vecino municipio de Ponte Caldelas", una ubicación en la que "no existen redes de abastecimiento de agua potable ni de saneamiento", lo que lastra la plena viabilidad de la planta, ya que la inversión para crear esas infraestructuras podría dispararse.
Pero el apartado donde se apuntan más dificultades es el relativo a los accesos, toda vez que actualmente no existe siquiera una pista asfaltada. Al respecto, el mismo informe apunta que "se estudiaron distintas posibilidades de acceso a la futura planta de compostaje, optándose por tres", que el técnico grafía en un plano en tres colores diferentes: verde, rojo y azul. Apunta que "parte de ellos discurren por el término municipal de Ponte Caldelas", lo que anula la posible intervención municipal de Pontevedra en ellos, con el agravante de que "todos precisan de actuaciones de acondicionamiento, afirmado y mejora de curvas para garantizar un tránsito adecuado de camiones". Su adecuación exige también una notable inversión sin que esté definido el origen de esos fondos.
Uno, desde Pazos
El único recorrido propuesto dentro del término de Pontevedra es el coloreado en rojo, que parte de la PO-542 en Pazos (Marcón), pero es también el más sinuoso y largo. El grafiado en verde nace en el polígono de O Campiño, en dirección a A Fracha. Es más directo pero atraviesa en parte el municipio vecino, un territorio por el que discurre casi en su totalidad el tercer acceso diseñado, en color azul y que arranca justo del lado apuesto de los otros dos, desde la zona de Taboadelo, en Ponte Caldelas. Este parece el trayecto más corto por el monte, si bien su punto de origen es el más alejado de la ciudad.
La adjudicación de los terrenos a la única oferta presentada, la de Canicouva, se aprobó hace más de una semana por parte del gobierno local, pero todavía no se ha firmado el contrato, de modo que aún no computa el plazo para el pago de ese alquiler, a razón de 20.000 euros al año. Aunque el abono de ese canon será anual, lo cierto es que el Concello estará varios meses pagando por unos terrenos sin uso, si bien desde el Concello se explica que la licitación de la gestión de la planta "no es posible si no están los terrenos a disposición".
La comunidad de montes de Canicouva recibirá 2.000 euros al año por cada hectárea cedida para la planta de compost (son 20.000 euros ya que se establece el uso de 100.000 metros cuadrados) así como cuarenta céntimos por cada tonelada de basura que se trate en esas instalaciones una vez que la planta esté en funcionamiento. En todo caso, la planta ocupará no más de 15.000 metros cuadrados y el resto se destinará a silvicultura. El borrador de contrato negociado hace meses con los comuneros establece que "la parcela objeto de este contrato será destinada única y exclusivamente al establecimiento de un centro de tratamiento de residuos y elaboración de compost asociado a la mejora del monte, excluyéndose expresamente otro tipo de instalaciones como incineradora o vertedero".
Contrato
La duración de este acuerdo se establece por treinta años, prorrogables, con la advertencia de que si el centro no llegase a construirse o dejase de funcionar durante al menos seis meses, los comuneros recuperarán los terrenos "en condiciones semejantes" a las actuales. Los ingresos que obtenga el colectivo por esta planta "se destinarán a la mejora del monte y al establecimiento de obras o servicios de interés general de los vecinos propietarios" pero nunca se permitirá su reparto entre los comuneros.
Otra de las cláusulas significativas del contrato establece que la planta deberá estar en funcionamiento en el plazo máximo de cuatro años desde la firma y se garantiza "que la instalación no provoque molestias, contaminación ni peligros para el medio ambiente, para el monte o para las personas" y se hace hincapié en que "se evitará toda posibilidad de contaminación de las aguas y se dotará a los terrenos de unos accesos que eviten al máximo las molestias a los núcleos de población, sin que se permite el acceso a través del vial que atraviesa el núcleo de Canicouva, que no reúne las condiciones técnicas adecuadas". De hecho, a día de hoy aún no se ha definido qué carretera utilizarán los camiones de basura ante las dificultades que entrañan todas las alternativas existentes.
