Las dilaciones de la instrucción dejan en penas mínimas el macrofraude del gasóleo en Galicia

Doce de los acusados aceptaron penas que van desde multas a los 19 meses de cárcel y la inhabilitación durante un año para tres mandos de la Guardia Civil que estaban implicados

06.11.2015 | 02:39
Los acusados durante la celebración del juicio ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. // Rafa Vázquez

Quince años después de que se iniciase la instrucción judicial, ayer llegó por fin a juicio el primero de los grandes fraudes del gasóleo detectados en Galicia y que supuso un perjuicio para la Hacienda Pública cercano a los 20 millones de euros, según el escrito de acusación del fiscal. El enorme lapso de tiempo transcurrido entre el inicio de la investigación y la celebración del juicio, de quince años, obligó a la Fiscalía a rebajar de manera significativa las elevadas peticiones de prisión que realizaba inicialmente al aplicar a la totalidad de los procesados en esta causa (un total de 22, dado que inicialmente eran 23 pero uno de ellos ya falleció) la circunstancia atenuante "muy cualificada" de dilaciones indebidas. La acusación se refiere a hechos ocurridos en los años 1998, 1999 y 2000.

La mayor parte de los acusados reconocieron durante la primera sesión del juicio, celebrada ayer en la Audiencia Provincial de Pontevedra, que participaron de este complejo sistema que tenía como objetivo dar salida como gasóleo A a combustible que estaba bonificado o simplemente exento de impuestos, de tal forma que al no abonar los tributos las ganancias para estas empresas se multiplicaban. Entre los acusados que reconocieron los hechos hay empresarios propietarios de almacenes fiscales de carburantes y gasolineras, así como transportistas o mandos de la Guardia Civil. Por ejemplo, un responsable y empleado de la empresa Pousadoiro S.L., con sede en Caldas de Reis, Manuel Prado López y Ángel Rafael Piñeiro Bermúdez, aceptaron las penas más altas con siete meses y 16 días de prisión por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública, así como cinco meses y 8 días más por un delito de falsedad, además de una multa de 1,4 millones de euros. En total, penas de 19 meses de prisión para cada uno.

El responsable de Terra de Melide, otra de las empresas implicadas en la trama, Pastor Alicio Antonio Pérez Arribas, aceptó una pena de tres meses de prisión como autor de otro delito contra la Hacienda Pública al que hay que sumar otros cinco meses por el de falsedad.

Otros cinco acusados, Carlos Bautista Parejo, Severino Lacueva Fernández, Manuel Cándido Vijande Méndez, Antonio Fuentes Redondo y Vicente Buenaventura Bueno López aceptaron penas de cinco meses y ocho días de prisión así como una multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros al día como autores de un delito continuado de falsedad. El papel de algunos de ellos era emitir facturas falsas a las empresas que manejaban el gasoil para dar cobertura a sus actividades fraudulentas.

Por último, entre los acusados que reconocieron los hechos se encuentran tres guardias civiles que supuestamente firmaron decenas de repostajes a buques por parte de las empresas investigadas y que realmente nunca se produjeron, de tal forma que ese carburante, exento de impuestos, era vendido realmente como gasóleo A. El fiscal rebajó sensiblemente la petición de condena que formulaba contra los agentes al entender que los tres incurrieron en un delito continuado de falsedad en documento público cometido por un funcionario pero que lo hicieron por "imprudencia". Así, al modificar su acusación señala que los tres mandos del Instituto Armado firmaron los comprobantes de estos repostajes pese a no haberse cerciorado de que, efectivamente, se habían llevado a cabo. Los tres agentes son Juan Manuel González Díaz, quien en aquellos años era sargento comandante del puesto de Rianxo; Raimundo González Antón, suboficial mayor que tenía destino en el puerto de Oleiros; y José Martínez Martínez-Lombardía, quien en aquel entonces era sargento y jefe de la Patrulla de Puertos y Costas de Noia. Los tres asumieron una pena de seis meses de multa a razón de seis euros al día y la inhabilitación especial para ejercer el empleo de guardia civil durante un año. La lista de los doce acusados que reconocieron los hechos se cierra con Manuel Sobradelo Vicente, quien asumió una multa de seis meses a razón de seis euros al día.

Esta docena de implicados ya no tendrá que asistir al resto del juicio, como tampoco lo harán otras cinco personas que quedaron absueltas después de retirar el fiscal y la Abogacía del Estado la acusación que pesaba contra ellos. Se trata de Jesús Castro Puente, María Sol García Limia, David Carro Iglesias, José González González y José Veiga Álvarez.

En rebeldía

Otro de los acusados, Fernando Ferrer, se halla en rebeldía. El juicio continuará el lunes, por tanto, con solo cuatro acusados sentados en el banquillo. Se trata de los responsables de una de las principales empresas investigadas, la estradense Carburantes Acibro, a quien el fiscal imputa la mayor parte del fraude que supuestamente sufrió la Hacienda Pública y que en el caso de esta firma sitúa en torno a los 15,4 millones (de los 20 millones que supuestamente dejaron de ingresar las arcas del Estado de las empresas implicadas en este caso). Se trata de los hermanos Jesús Ángel y Juan Castro García, que niegan los hechos, así como los funcionarios de Aduanas José Carrón González y José Ángel Corcoba Conde, el primero de ellos jefe provincial en Pontevedra de Vigilancia Aduanera y quienes eran los encargados de llevar a cabo las inspecciones en las empresas investigadas. El fiscal los considera responsables de seis delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad (en el caso de los agentes del SVA como "cooperadores necesarios") por los que pide penas que suman 28 años de prisión en el caso de los empresarios y de 25 años para los funcionarios. No obstante, la Fiscalía reconoció ayer que la dilación del proceso obligará a rebajar sensiblemente esta petición de condena también para estos cuatro acusados de tal forma que se situaría en torno a los 7 meses de prisión por cada uno de los seis delitos fiscales y el de falsedad, además de fuertes multas. Exige la devolución del dinero supuestamente defraudado a Hacienda.

Las defensas de estos cuatro acusados solicitaron la nulidad de las actuaciones al dudar, entre otras cuestiones, de la validez de las escuchas telefónicas.

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