Aunque la Fiscalía reconoció que quince años para un proceso judicial es una dilación demasiado importante, pero también justificó esta demora en la complejidad de la trama investigada. En el caso de una de las empresas que reconoció los hechos, Pousadoiro S. L., parte del fraude consistía en que el gasóleo que salía del Depósito Fiscal Forestal del Atlántico, en Mugardos, tenía como destino aparente una firma portuguesa y por lo tanto circulaba en régimen suspensivo, es decir, sin soportar ningún tipo de impuesto. No obstante, el gasóleo no llegaba nunca al país vecino. Se quedaba en las instalaciones de esta empresa de Caldas que lo comercializaba como gasóleo A pero sin repercutir impuestos lo que generaba ingentes beneficios. El fiscal acusa de una operativa similar a las otras dos empresas cuyos responsables niegan esta imputación. Se trata de Acibro S. L. y Depósitos de Galicia S. L. Una de ellas era titular de un depósito fiscal (es decir, lo que le permitía disponer de carburante "virgen", sin trazar ni marcar, algo que se hace luego con el combustible subvencionado). Estas dos sociedades realmente funcionaban como una sola, según el fiscal, de tal forma que ajustaban su contabilidad para desviar gasóleo supuestamente subvencionado que tenía como destino empresas de Portugal. El fiscal asegura que realmente ese combustible era vendido como gasóleo A obteniendo así importantes beneficios.
