La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogió ayer un juicio contra un varón, Mario G. P. , acusado de estafar a su mujer utilizando para ello un poder que ella le entregó para realizar diversas operaciones financieras que no habrían sido autorizadas por ella y que le supusieron un perjuicio en su patrimonio.
Según el escrito del fiscal, el matrimonio se disolvió en febrero de 2005. Fruto de esta separación se estableció la división por la mitad de la vivienda de ambos en el barrio de A Tafona en Caldas. Ese mismo año, la ya exesposa del acusado le otorgó un poder general notarial con el propósito de que pudiera liquidar el patrimonio común sin necesidad de que ella tuviera que desplazarse.
El fiscal acusa a Mario G. P. de realizar una primera operación en 2007, un contrato de arrendamiento financiero de un camión utilizando para ello el poder que le entregó su mujer de tal forma que al final fue ella quien se hizo cargo del pago de 47.361 euros cuando dejó de abonar unas cuotas. A esto hay que sumar las costas judiciales de un proceso de reclamación del dinero, que fueron fijadas en 19.506 euros, además de una provisión de 5.851 euros para intereses que abonó la exmujer del acusado.
El 25 de febrero de 2010 el acusado, según el fiscal, constituyó en escritura pública un préstamo por importe de 85.000 euros garantizado con una hipoteca constituida sobre la vivienda de la que era copropietario al 50% junto a su exmujer, actuando en su propio nombre y en el de ella sin su conocimiento ni consentimiento. La mujer ratificó en el juicio este hecho, asegurando que fue estafada, aunque no pudo explicar la razón por la que no anuló el poder tras el primer episodio del camión. Él negó los hechos y aseguró que ella no solo estaba al tanto de las operaciones sino que las autorizó. La fiscal solicitaba inicialmente una pena de 6 años de prisión.
