La Diputación provincial aprobó ayer por unanimidad reclamar al Ministerio de Hacienda que se devuelva de oficio este mismo año las cantidades que cobró hasta 2013 en materia del IRPF a los pensionistas que regresaron tras trabajar en Alemania. Recuerdan que existen varias sentencias que les dan la razón a los emigrantes retornados en virtud de un tratado bilateral hispano-alemán, vigente hasta 2013, que exime la tributación a estos jubilados en el estado. La moción también incluye intervenciones a favor del resto de colectivo de emigrantes retornados como los pensionistas.

Para defender esta propuesta, tomaba la palabra al inicio del pleno Maruchi Álvarez, portavoz de la plataforma de emigrantes retornados, al inicio del pleno y ante una numerosa representación del colectivo. En ella, Álvarez explicó su situación por la que llevan "peleando en la calle y en los tribunales" desde hace más de tres años cuando "un iluminado se acordó de que era fácil hacer tributar los emigrantes retornados las declaraciones entre 2008 y 2012 por los ingresos del exterior", señalando que para el colectivo, respetar la Agencia Tributaria "es sagrado", "mientras que a nosotros nos hicieron embargos por 500 euros, vemos que las fortunas de los poderosas se perdonan", lamentó al respecto.

Por ello pidió a Hacienda la devolución de oficio del dinero de la las declaraciones de entre el 2008 y 2012 en base al acuerdo de doble imposición y teniendo en cuenta que otras sentencias similares se están dando en el resto de España. Concretamente, en Murcia ya se conocen casos de devolución de oficio. "Nos quieren obligar a ir al Tribunal", señalaba Álvarez que matizaba que lo que quieren es "igualdad, pero no ser estafados" y también se refería a la necesidad de mantener los grados de invalidez reconocidos en el extranjero y que "la Agencia Tributaria no tiene en cuenta".

Lo que los propios diputados consideraron "un avance", como es la devolución de las sanciones de los emigrantes retornados por los retrasos en la reclamación de inicial de la tributación entre 2008 y 2012 y que desde la plataforma consideran un "un caramelo, pero lo que queremos es una regularización, no queremos limosna, queremos un trato igual".

El diputado del PSOE, Juan González, presentó la moción de apoyo a los emigrantes retornados, recordando que "no son ni estafadores ni inversores, son unos de los principales activos de Galicia". Por su parte, la popular Elena Muñoz, recordaba su etapa como conselleira de Facenda recordó su "estrecho contacto" con el colectivo y aseguró que "no vamos a utilizar su situación para obtener rédito político".

El acuerdo fue aprobado por unanimidad, acordándose, entre otras medidas, que la Diputación le reclame también a Hacienda que acate las sentencias judiciales y devuelva además las cantidades que pagaron los emigrantes retornados en Alemania en materia de IRPF por sus pensiones. Además, piden que Hacienda inicia una "campaña informativa sobre la regularización de estas rentas" que "repare el daño moral causado".

Violencia machista

El pleno extraordinario dio cuenta de otros puntos, como la renuncia al cargo de diputado provincial presentada por Jesús Vázquez Almuiña tras ser nombrado conselleiro de Sanidade. Su sustituto será el alcalde de Redondela, Javier Bas. Otro de los puntos aprobados por unanimidad fue la moción del BNG sobre una proposición de ley, por iniciativa legislativa popular, de medidas para garantizar la energía como servicio público y contra la pobreza energética.

Se aprobó un declaración conjunta en contra la violencia machista, apoyando la marcha estatal del 7 de noviembre, en la que los concellos y la sede de la Diputación tendrá ese día pancartas contra la violencia de género, así como continuar con los programas de prevención y de apoyo a las víctimas.

A petición del PP, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, dio cuenta del estado en el que se encuentran las posadas de O Salnés, cuya gestión calificó de "barbarie", reconociendo" disputas con la empresa concesionaria" e instó al anterior presidente de la Diputación , Rafael Louzán, a dar explicaciones públicas sobre "gestión catastrófica" de las mismas.